Madrid. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada española solicitó al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que se condene a penas de cárcel de dos años a cuatro directivos de la multinacional energética Iberdrola, que deberá pagar una multa de 84 millones de euros (mil 750 millones de pesos) por haber manipulado el precio de la electricidad a través del vaciado intencionado de los embalses. Además se propone que la multinacional energética asuma las indemnizaciones a los afectados, tanto consumidores como empresas competidoras, cuyo monto asciende a los 107 millones de euros (2 mil 250 millones de pesos).

Las conclusiones de los fiscales, que llevan varios años investigando esta trama que se remonta al año 2013, concluyeron en su informe lo siguiente: “Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”.

Por eso solicitó al juez instructor que abra la vía oral y se inicie el juicio de forma inminente una vez que se supere el último escollo, que es la presentación de un último recurso ante la justicia por parte de la defensa de Iberdrola, que lleva varios años retrasando el proceso con argucias legales. Esa estrategia, la de dilatar lo máximo posible las indagatorias judiciales, le funcionó con la investigación que se llevó a cabo contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por haber ordenado el espionaje ilegal a empresas competidoras, políticos, periodistas y líderes medioambientales. El proceso se archivó porque los delitos habían prescrito.

En este caso no ocurrirá así, al menos tras las conclusiones que elevó ante el juez la fiscalía, un paso crucial para la apertura definitiva del juicio oral y por tanto la de sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de esta trama delictiva. Tanto los fiscales como los informes de la policía que investigó el caso señalan a cuatro directivos de Iberdrola como los autores intelectuales y los ejecutores de este supuesto fraude masivo, que son Ángel Chiarri Toscano, director de Gestión de la Energía; Gregorio Relaño Cobián, responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading; José Luis Rapún Jiménez, encargado de Gestión de Activos, y Javier Paradinas Zorrilla, a cargo de Mercados a Corto Plazo y Generación Global. Y como responsable última de la operación fraudulenta señala a Iberdrola Generación, que es una de las ramas más importantes y productivas de la multinacional española.

El modus operandi para la manipulación de los precios fue el mismo en varios sitios a la vez y con el mismo efecto en el mercado mayorista, que siempre era provocar un incremento artificial de los precios para que los consumidores pagaran más, pero a costa de una manipulación de las centrales hidráulicas que había en los embalses del Duero, Sil y Tajo. En esta investigación se refiere a unos hechos concretos que ocurrieron en 2013 y en esas tres zonas geográficos, pero además hay varias diligencias abiertas en otros rincones de España con idéntico proceso y siempre con Iberdrola como la responsable de la manipulación de los precios.

La fiscalía española inició la investigación en 2017 y la concluyó en julio de 2021, cuando los abogados de Iberdrola y de los directivos solicitaron el sobreseimiento del caso al descartar su implicación en la escalada del precio a finales de 2013. La fiscalía, sin embargo, concluyó que “para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”, señala el escrito de la fiscalía.

Y añade que la manipulación del sistema provocó un perjuicio de al menos 10.6 millones de euros a las compañías comercializadoras. “El resto del perjuicio causado, hasta los 107 millones 340 mil euros, fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos”, según la investigación judicial. Y por lo que pide multar con 84 millones 891 mil 272 euros a Iberdrola Generación, el “cuádruplo del beneficio obtenido”, además de obligar a los acusados a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los afectados “hasta un máximo de 107 millones 340 mil euros”.