Chihuahua, Chih., Los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora llegaron ayer a la parroquia de San Francisco Javier, en el poblado de Cerocahui, en el municipio serrano de Urique, donde fueron velados durante la noche; los acompañó el cortejo fúnebre que recorrió 360 kilómetros por carretera desde la capital del estado.

El sábado, habitantes de los pueblos de San Juanito y Creel recibieron los restos mortales de los clérigos con globos blancos como signo de paz a su paso por la vialidad; la procesión pernoctó en el templo de Nuestra Señora de Lourdes, en Creel, donde también se ofició una misa.

Feligreses católicos e indígenas de la etnia rarámuri caminaron junto con los féretros los últimos 17 kilómetros del trayecto, desde el poblado de Bahuichivo a Cerocahui.

Los siguieron con bailes tradicionales, antes de una misa y el velatorio, que concluirá este lunes con la inhumación de los cuerpos en la parroquia de San Francisco Javier, donde fueron asesinados el 20 de junio junto con el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma.

El cortejo fúnebre fue escoltado por al menos seis patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y en Cerocahui el operativo militar de ayer incluyó sobrevuelos de un helicóptero de la Marina.

Antes de los funerales de los jesuitas, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respondió a declaraciones de Héctor Martínez Espinosa, vicario de la Diócesis Tarahumara, quien afirmó que los homicidios pudieron haberse evitado, pero el gobierno estatal ha rechazado reunirse con la Iglesia católica para dialogar en relación con el incremento del crimen y la situación social de la sierra Tarahumara.

El viernes pasado, después de reunirse con los ex gobernadores priístas Patricio Martínez y Fernando Baeza, representantes empresariales y el ex gobernador de Oaxaca y ex secretario Gobernación Diódoro Carrasco, Campos Galván confirmó que había cancelado una reunión con los obispos de Chihuahua, “por cuestiones de agenda”, programada para una fecha antes de que ocurrieran los crímenes.

“En marzo recibí a todos los obispos en el palacio de gobierno, acordamos reunirnos tres meses después, lo cual hubiera sido en junio, tratamos de cuadrar agendas, ellos tenían específicamente (el tema) de la Tarahumara, tenía 16 confirmaciones ese mes y se agendó para julio”, informó la mandataria panista en entrevista colectiva.

Sobre las declaraciones del vicario de la Diócesis Tarahumara, defendió que “parece que no teníamos claro algunas personas esas fechas, esos son los acuerdos y en este gobierno del estado los cumplimos”.

Martínez Espinosa había denunciado que José Noriel Portillo Gil, El Chueco, señalado como el homicida de los jesuitas, tiene al menos seis años como jefe de plaza (del cártel de Sinaloa), colocaba retenes y todos lo conocían en la región de Urique; incluso algunos habitantes lo reconocen con el estatus de autoridad seccional.

Criticó que “la mandataria dice que Chihuahua está pacificado, pero no es así, no sólo por los padres asesinados, pues días antes hubo refriegas en varios lugares de la sierra, desaparecidos en Creel, desplazamiento de comunidades enteras, y la manera que ellos han querido entender el desplazamiento es de manera asistencial, dando despensas y cobijas a los desplazados, pero no de manera estructural”.

Cardenal fue interceptado en retenes del crimen

En tanto, en Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega dio a conocer que la semana pasada fue detenido en dos ocasiones por “retenes del crimen organizado” en los límites de Jalisco con Zacatecas, zona donde también Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, reportó hace un par de días que durante una visita fue interceptado por un puesto de revisión de hombres armados que lo dejaron continuar luego de identificarse.

“¿Por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga?, ¿por qué?”, interpeló Robles Ortega, quien precisó que los retenes se ubicaban en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.

“No es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes con armas gruesas, con armas largas”, describió.

El cardenal reveló que en las parroquias de la mayoría de pueblos del norte jalisciense, para que se puedan realizar las fiestas patronales, no sólo se debe pedir autorización al “encargado de la plaza”, sino se les debe entregar 50 por ciento de lo recaudado durante las celebraciones.

Con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal