Las presiones de la jerarquía católica y del PAN han logrado frenar en el Senado, desde hace casi dos años, reformas al Código Penal Federal y la Ley General del Salud para penalizar las llamadas terapias de conversión, con las que se pretende “corregir” alguna orientación sexual de las personas.

En septiembre de 2020 se presentó en primera lectura el dictamen de la iniciativa en esa materia, presentada la morenista Citlalli Hernández y otras senadoras. Estaba a punto de aprobarse, pero se detuvo y se regresó a la mesa directiva del Senado.

Bajo la presidencia de Olga Sánchez Cordero, se intentó agendar el dictamen, pero sin éxito.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Mícher, dijo que es un tema que no puede estar congelado y debe aprobarse el próximo periodo de sesiones de septiembre, tal como lo han demandado organizaciones de la comunidad lésbico-gay.

Morena tiene la mayoría simple necesaria para aprobar esa iniciativa, expuso a su vez la senadora Antares Vázquez.

En el dictamen, avalado en comisiones, se destaca que a lo largo de la historia, “las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBT+), han estado sujetas a formas intensas de marginación y de exclusión social y política”, situación que ha sido justificada con base en concepciones según las cuales, las personas con una orientación sexual o una identidad de género distinta a la convencional, debían ser consideradas anormales, enfermas o inmorales”.

En la actualidad, a pesar de todas las recomendaciones, pronunciamientos internacionales, tratados y leyes que hablan sobre el peligro de las terapias de conversión, y la garantía de los derechos humanos, “siguen existiendo este tipo de prácticas que tienen como finalidad reprimir el libre desarrollo de la personalidad del individuo bajo el supuesto de que existe una cura a algo que no es una enfermedad.

En el caso de nuestro país, desde 2014 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México emitió una opinión consultiva en la que declaró que “ la homosexualidad no es un trastorno de salud y no puede ser susceptible de tratamientos de sanación, cambio, curación o enfermedad”.

Sin embargo, esas terapias de conversión se siguen aplicando, lo que significa “verdaderas torturas, como la aplicación de electroshocks y privación ilegal de la libertad”.

En la propuesta de reformar el Código Penal Federal se establecería “una sanción penal de hasta tres años de cárcel a quien practique terapias que pretendan corregir la orientación sexual de las personas. La sanción se duplica si las víctimas son menores de edad o no cuentan con la capacidad de comprender el hecho”.

Se propone modificar también la Ley General de Salud para suspender del ejercicio profesional hasta por tres años o en forma definitiva en caso de reincidencia al personal que promueva que aplique tratamiento o cualquier servicio que busque anular o modificar la orientación sexual.