En sesión privada para resolver un incidente de inejecución de sentencia promovido por Movimiento Ciudadano, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enviaron un virtual ultimátum a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, en un plazo de 72 horas, a partir de la notificación, determine a qué fracción parlamentaria deberá restarle un espacio para incorporar a un representante del partido quejoso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ante la dilación e incumplimiento que han tenido en San Lázaro, el TEPJF, por una mayoría de cinco votos a dos (con la oposición de los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas), se aprobó también “imponer una amonestación pública a sus integrantes, advirtiendo que, “en caso de persistir en el desacato, se puedan tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia”.

La resolución hace énfasis en que esta instancia es “la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y sus resoluciones son definitivas, firmes e inatacables, por lo que deben ser cumplidas en los términos establecidos”.

De igual forma subraya que cuenta con atribuciones constitucionales y legales para conocer de actos parlamentarios cuando se afecte el derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Para concluir que “el incumplimiento de una sentencia es una falta que se debe sancionar, por ser una vulneración directa a la Constitución”.

En la resolución, los magistrados hacen referencia a que existe un antecedente de enero pasado, pues en un primer desencuentro por la conformación de este órgano se había determinado que la “Comisión Permanente debía estar integrada conforme al principio de máxima representación, con base en criterios de proporcionalidad y pluralidad”.

Mas adelante, el TEPJF desestimó los argumentos de la Jucopo que apelaba a la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia principal, por lo que ordenó que el citado órgano se integrara por todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y que, “en caso de incumplimiento, se podrían imponer las medidas de apremio necesarias”.