Buienos Aires., El caso del avión de la empresa venezolana Emtrasur, un Boeing 747, con matrícula venezolana, literalmente secuestrado en el aeropuerto de Ezeiza por la justicia argentina desde el 8 de junio, después de descargar autopartes para la empresa Volkswagen en Argentina, está conmocionando al país, ante la evidente injerencia de Estados Unidos e Israel en una “operación”, una “maniobra de intoxicación político-mediática”, con la colaboración de la oposición de Juntos por el Cambio y medios de comunicación afines.

La aeronave de Emtrasur fue comprada a la línea aérea iraní Mahan Air. Su tripulación, integrada por 14 venezolanos y cinco iraníes, sigue siendo sometida a una constante situación de requisas innecesarias, con retención de pasaportes, celulares, computadoras de la aeronave e incluso la caja negra del avión fue sacada, “para investigar” sobre “la sospecha” de irregularidades y de una “amenaza” terrorista.

Analistas locales consideran que ciertas organizaciones israelíes tratan de justificar un ataque “no sólo a la presente administración peronista, sino también a Venezuela e Irán como objetivos geopolíticos”.

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, Agustín Rossi, dejó en claro que “ninguno de los pasajeros que integraban la tripulación tenía algún tipo de denuncia ni alerta roja.

“La carga del avión fue verificada de todas las maneras posibles (cuatro revisiones). Se comprobó que la carga que estaba declarada era la que tenían el avión y todo el trámite siguió normal”.

Esto plantea ante la justicia que no existe ningún argumento para investigar al avión de carga venezolano, ni para el humillante tratamiento a los tripulantes iraníes y venezolanos. La causa existe por la presentación de la ultraderechista Delegación de Asociaciones Israelitas- Argentinas (DAIA) como querellante.

Pero la trama internacional no tiene asidero. No se ha violado ninguna ley y se cumplieron todas las reglas de la tripulación y el avión llegó proveniente de Querétaro, México, donde se cargaron las autopartes adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la Volkswagen.

El 8 de junio la nave voló hacia Uruguay con el objetivo de abastecerse de combustible, pero el ministro de Defensa de ese país, Javier García, declaró ante el propio Congreso uruguayo que él no autorizó el aterrizaje después de recibir una alerta del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Ésta provino de Paraguay cuyo gobierno a instancias de Estados Unidos, que tiene tropas en ese país y una importante base aérea cercana a la frontera con Bolivia, en Mariscal Estigarribia, “alertó “ sobre el avión.

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, junto con autoridades del gobierno estadunidense notificaron también a Argentina sobre una “sospecha” de que el avión venezolano tenía entre su tripulación a “terroristas iraníes”.

En su denuncia, la DAIA dice que al “dejar entrar a este avión se puso en riesgo no sólo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejar ir a los tripulantes sin haberlos indagado (...) sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional”. Se atribuía vínculos de los iraníes con las fuerzas Quds, de Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por Estados Unidos.

“Pero no existe relación, siquiera, entre los tripulantes iraníes de la aeronave en cuestión y las designaciones estadunidenses por terrorismo. Se confirma que confundieron al capitán iraní de aviación civil Gholamreza Ghasemi, uno de los pilotos instructores de la aerolínea venezolana con un brigadier general del ejército, fallecido en 2012.