Del 2 de marzo de 2017 a la fecha, mil 35 entidades (personas, empresas y partidos políticos) han sido inscritos en el Catálogo de Sujetos Sancionados por transgredir normas electorales.

Algunos están en la lista una o varias veces, aunque los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tanto los de la sala superior como los de la especializada, han señalado que esa inclusión no significa por sí misma una sanción, sino un mecanismo de transparencia y publicidad.

Entre los nombres –recientemente escritos incluso varias veces– se encuentra el de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la resolución del TEPJF del 16 de junio pasado que señala: “Difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido del proceso de revocación de mandato y por vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad”.

En otra inscripción, del 9 de junio pasado, se añade que hizo promoción a favor del Presidente de la República.

Y pese a los comentarios de los jueces electorales sobre el alcance del catálogo, al mismo tiempo emitió una sentencia en la cual se advierte que la violación sistemática a la Constitución y a las leyes electorales puede ser motivo de perder “el modo honesto de vivir”.

Esa situación sería un obstáculo para las personas que aspiren a ser candidatas a un cargo de representación popular, porque “perder el modo honesto de vivir”, un foco rojo que se impone, por ejemplo, a personas que cometen violencia política en razón de género, significaría también perder el requisito de “elegibilidad”.

En el catálogo, a cargo de la sala especializada del TEPJF, se encuentran políticos de prácticamente todos los partidos, locales y nacionales; coaliciones electorales, empresarios (particularmente concesionarios de radio y televisión) y hasta la cantante Belinda, por su participación en eventos proselitistas en 2018.

Aparecen también funcionarios públicos de los tres niveles, incluidos los gobernadores morenistas.

Estos últimos, junto con la jefa de Gobierno, fueron inscritos en el catálogo con resoluciones variadas, pero centradas en que transgredieron las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato y vulneraron el principio de imparcialidad.

Entre las más recientes se encuentra también la senadora Olga Sánchez Cordero, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, los alcaldes capitalinos de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, el presidente del PAN, Marko Cortés, por desincentivar la participación ciudadana hacia la consulta de revocación, así como personas, un legislador panista (Gabriel Quadri) y empresas de medios de comunicación que cometieron violencia política en razón de género.