Guadalajara, Jal. El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, dijo que la semana pasada fue detenido dos ocasiones por “retenes del crimen organizado” en la región norte de Jalisco colindante con Zacatecas, misma zona donde el obispo Sigifredo Noriega Barceló reportó hace un par de días que durante una gira fue detenido por hombres armados que lo dejaron continuar luego de identificarse.

“A todos los que pasan les hacen lo mismo, lo que yo digo es por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado te obstruye, te detiene y te investiga, ¿por qué?”, cuestionó Robles Ortega, quien precisó que los retenes estaban establecidos en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.

Afirmó que “obviamente” son retenes que instala “el crimen organizado”, en los cuales los hombres armados exigen a las personas decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, lo que ya se ha convertido en algo de “lo más normal y natural”, ya que no es la primera vez que le ha pasado.

“Es lo ordinario, no es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes con armas gruesas, con armas largas. Ahora, dos retenes en el mismo trayecto”, describió.

El purpurado también dijo que en las parroquias de la mayoría de pueblos del norte jalisciense, para que se puedan realizar las fiestas patronales, no sólo se debe pedir autorización al “encargado de la plaza”, sino que también se les debe entregar el 50 por ciento de lo recaudado durante las fiestas.

El sábado, el obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, dijo que fue detenido el viernes también en un retén, en una gira por el norte de Jalisco cuando viajaba por Huejuquilla, que aseguró “no era ni Guardia Nacional, ni Ejército, eran personas de uno de los grupos delictivos”.

El obispo Noriega, al igual que el cardenal Robles, dijo que no los retuvieron sino que simplemente tras identificarse los dejaron pasar, pero también coincidió que es una situación muy peligrosa que “la violencia ya se vea como parte de la normalidad”.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha hecho constantes llamados a las autoridades estatales y federales para que exista un patrullaje y presencia policial permanente, debido a que los pobladores de la región, en especial indígenas wixaritari, han sido víctimas no sólo de detenciones, sino de asaltos, desapariciones y asesinatos.

A través de un comunicado emitido la semana pasada, la defensoría señaló que desde el 10 de junio de nueva cuenta grupos del crimen organizado mantienen bajo asedio la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, comunidad que incluye al menos 21 rancherías.

“En diferentes tramos de la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata, la cual cruza territorios de los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, se encuentran alojados grupos que actúan al margen de la ley; uno de ellos acampa dentro del territorio de San Andrés Cohamiata y transita por sus localidades”, informó la CEDHJ.

Advirtió sobre la posibilidad de que ocurran enfrentamientos violentos entre los grupos delincuenciales y pidió que se proteja a quienes transitan por la carretera Huejuquilla el Alto-San Andrés Cohamiata, pero “de forma prioritaria” a quienes viven y acuden a las comunidades wixaritari, garantizando su integridad física y seguridad personal.

La petición de la CEDHJ fue el 20 de junio pasado y está dirigida a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a la cual solicitó gestionar la presencia del Ejército Mexicano y/o la Guardia Nacional en esa carretera y dentro de la comunidad de San Andrés Cohamiata, además de dirigir dicha petición también a la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco para que “acuda de forma inmediata al territorio de la comunidad wixárika para garantizar la integridad física y seguridad personal de sus habitantes”.