Atitalaquia, Hgo., El cabildo de Atitalaquia revocó ayer la concesión para el servicio de depósito de basura por 20 años a la empresa Ecological Solution México (Esmex), que obtuvo dicho permiso en diciembre de 2021.

Pobladores y ambientalistas rechazaron su operación porque se ubica a menos de un kilómetro de la zona urbana; además, durante una protesta por el retiro del vertedero un habitante fue asesinado el 20 de junio, lo que obligó al alcalde priísta, Lorenzo Agustín Hernández Olguín, a convocar a una reunión extraordinaria para tratar el tema.

La sesión de ayer comenzó a la una de la madrugada en la Comisión de Agua Potable municipal, la cual sirve de sede para las sesiones del ayuntamiento desde mayo, luego de que opositores al confinamiento de desechos sólidos tomaron la alcaldía. Ahí, la regidora morenista María Eugenia Hernández Chávez dijo que la revocación del permiso es el primer paso para el cierre definitivo del basurero.

En una reunión el viernes, Hernández Olguín aseguró que en la sesión de cabildo del 24 de diciembre de 2021 se concesionó a Esmex la disposición de la basura de Atitalaquia, no para las nueve demarcaciones de la región TulaTepeji, como se ha dicho.

Debido a las protestas por el inicio de actividades del confinamiento de desechos en enero anterior, la toma de la alcaldía por pobladores inconformes y la muerte del activista Jesús Bañuelos Acevedo, el pasado martes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el sitio de forma temporal por causar daños a la salud y al medio ambiente.

En la reunión, los activistas reprocharon a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo mantener en secreto documentos sobre el proyecto, con el argumento de estar “bajo reserva”. César Mora, secretario de la Contraloría estatal se comprometió a compartir el acta. De igual forma, autoridades e inconformes acordaron inspeccionar el sitio y hacer “toda una revisión técnica y jurídica del manifiesto de impacto ambiental”.

La autoridad se comprometió a solicitar a la Fiscalía General de la República atraer la investigación por el crimen de Jesús Bañuelos, así como solicitar el pago de indemnizaciones para su viuda e hijos menores de edad.

Respecto de la petición de los pobladores de Cardonal, de expropiar el predio donde se ubica el tiradero para crear una zona de restauración ecológica, se acordó que el gobierno estatal en funciones deje la petición a la administración entrante de Julio Menchaca Salazar.