San Cristóbal de Las Casas, Chis. La criminalización o la privación arbitraria de la libertad o el asesinato en contra de quienes defienden la tierra y el territorio, de personas defensoras de derechos; la militarización y el despojo de las tierras en contra de los pueblos originarios, así como el desplazamiento forzado genera impactos permanentes e irreversibles individuales y colectivos en contra de los pueblos indígenas que sin duda "son constitutivos de entornos torturantes”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria y con total impunidad cuando la tortura es utilizada como método de investigación criminal, medio intimidatorio, para la represión de personas defensoras de la tierra y el territorio, criminalización, castigo personal, medio de coacción o por razones basadas en discriminación o cualquier otro fin”, señaló el centro en un comunicado.

La declaración, difundida por el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, solicitó a la comunidad nacional e internacional “caminar rumbo a la creación de un mecanismo eficaz que investigue y sancione la tortura en México y en Chiapas, ya que, a pesar de leyes y fiscalías especiales, este crimen sigue sin investigarse, generando mayor impunidad”.

El organismo se sumó “a la lucha por la memoria, verdad y justicia para las personas sobrevivientes de tortura y sus familiares que alzan la voz en contra de este crimen de lesa humanidad”.

Demandó a la Exigimos a la Fiscalía General del Estado (FGE), “el cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial manifestada en investigaciones ceñidas a la fabricación de delitos con fines de criminalizar y privar arbitrariamente de la libertad a personas inocentes”, al tiempo que denunció al Estado mexicano como “deudor de las garantías y derechos humanos de las víctimas y exigimos la reparación integral de los daños cometidos en su contra”.

Según el organismo, “la tortura es una práctica “sistemática, generalizada y utilizada cotidianamente como método durante las investigaciones y fabricación de culpables en Chiapas. En el sureste de México, la tortura es una práctica común realizada por policías y agentes adscritos a la FGE”.

Manifestó que “la tortura es acompañada de graves violaciones a derechos humanos durante las detenciones arbitrarias, junto a malos tratos, violencia sexual, abuso de poder y uso excesivo de la fuerza, entre otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Señaló que “esto es tolerado y llevado a cabo en contubernio con Jueces de Control, su complicidad para subsanar las deficiencias en las investigaciones de las Fiscalías genera que se vincule a proceso, se lleve a prisión preventiva por más de un año, que no se garantice una defensa adecuada y dicte sentencia a personas inocentes”.

Lo anterior, expresó, “expone un sistema de justicia deficiente, pero aceitado por las malas prácticas cubiertas por la impunidad, incapaz de realizar investigaciones con la debida diligencia, sumado a una limitada formación profesional en sus cuerpos policiacos, así como el desconocimiento del marco de derechos humanos y de perspectiva culturalmente pertinente, lo que contradice lo establecido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por La Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.