Como ha ocurrido con la promesa de la estabilidad económica y con el mito del agua inacabable, que sirvió de fundamento a la organización de enormes ciudades que desdeñaron recolectar el agua pluvial, también la educación es un sistema que funciona con base en ilusiones y no siempre realidades.
Y esto se ha puesto ahora sobre la mesa cuando en México, desde hace meses, ha comenzado la precampaña para determinar quién será el o la candidata a presidente de la República por parte de Morena. Y en un periodo tan políticamente cargado como éste, hasta las iniciativas más académico-sociales son leídas en clave eminentemente política. Así, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho una propuesta de cambio educativo precisamente cuando comienza la temporada de cuatro sesiones del examen de la Comipems para asignar a las y los jóvenes al bachillerato. En su propuesta recoge la experiencia de países como Estados Unidos, que no utilizan un examen para distribuir la demanda, sino que, dado que este nivel es obligatorio y todos tienen el mismo derecho –como igual es en México–, se admite a todos los aspirantes, a los que viven en un área geográfica determinada; en la Ciudad de México sería el equivalente a una alcaldía.
Esto supondría un ejercicio de planeación del tamaño de los planteles de acuerdo con el número de aspirantes que se estima que a él asistirán. Se tiene también como supuesto inamovible que las llamadas trade schools o escuelas de oficios se cursan al terminar los estudios de bachillerato, el mecanismo de asignación no tendría por qué incluir a los Cetis y Conaleps ni considerarse como parte de la educación media superior.
En el fondo, la propuesta de Sheinbaum plantea contender con lo que viene a ser la demanda real de los aspirantes por la UNAM. Como en su momento señalaba el ex rector José Narro de la UNAM, no es real considerar como demanda por la Nacional sólo el número de aspirantes que enlistan un CCH o Prepa como primera opción. Si se toman en consideración las cinco primeras opciones, entonces resulta que el número de solicitantes de un lugar en la UNAM es cercano a 90 por ciento, lo que supone que miles escogen un plantel del IPN como primera opción, pero que en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar siguen optando por la UNAM. Es decir, UNAM-IPN deberían planear juntos su oferta, como es el espíritu de la propuesta de Sheinbaum para la distribución real de aspirantes. La propuesta debería ser objeto de amplia discusión y terminar precisamente con un poder de gran calado como el presidencial, pues sería éste el que podría –mediante una iniciativa legal concreta– establecer un diseño organizacional distinto que respondiera a la demanda real por la UNAM-IPN en bachillerato, y luego en el pase automático a la licenciatura.
Me temo que cualquier otra opción se enfrentaría en lo que ha sido hasta ahora la pesadilla ética de la distribución como hasta ahora existe: utilizar la UNAM (y el IPN) como mero señuelo para llenar las escuelas semivacías de Cetis y Conalep o los planteles Colbach. Este sistema de distribución, que obliga a los y las jovencitas a cursar tres años de estudio en un plantel que realmente no eligieron y que no ofrece las mismas perspectivas que muchos otros sí tienen –los de la UNAM–, plantea el problema de un derecho profundamente diferenciado para algunos dentro de un mismo sistema de asignación. Esta diferenciación, estadísticamente, se ha comprobado que va contra aspirantes de clases populares, especialmente del género femenino; es decir, quienes tienen acceso menor a este importante patrimonio social que ofrece el Estado a niñas y jóvenes. Una y otra vez durante más de 20 años este sesgo aparece en los exámenes de esa comisión, aunado al hecho de que en 2017 y otros años, el examen del Ceneval que usa la Comipems tuvo un error y 11 mil jóvenes originalmente no fueron asignados a la UNAM ( El Economista, 8/8/2017).
Terminar con el examen de la Comipems sería sin duda un avance civilizatorio y un paso en dirección a una educación respetuosa de los principios básicos de igualdad y derechos humanos. Sheinbaum dijo: “Un joven que sale de la secundaria con nivel aprobatorio no tendría por qué presentar un examen para ver a qué tipo de educación media superior va… sino que debería haber un bachillerato cerca para que puedan acceder a una educación de calidad, sin necesidad de pasar un concurso” (Cruz, Alejandro, La Jornada, 21/6/22). Si lo dice como precandidata, es una mera promesa que no cumplirá; si lo dice como jefa de Gobierno, puede ser la oportunidad para discutir seria y públicamente este cambio de paradigma y dejar por fin atrás la locura de procedimiento que hasta hoy tenemos en la ciudad.
* UAM Xochimilco.