Consejeros académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) recién electos, a quienes corresponderá acompañar el proceso para la generación de una ley orgánica de esa casa de estudios, aseguraron que su prioridad es la “unidad de la universidad” y llamaron a un diálogo con todas las corrientes dentro de la UPN.
Advirtieron que pese a reconocer que en su reciente Congreso Nacional Universitario (CNU), la institución definió la autonomía por ley (que incluye la académica, de gobierno, financiera y de gestión) como la mejor figura jurídica, “vemos posibles contradicciones con la actual Ley General de Educación Superior, que nos ubica como un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”.
Aseguraron que “no quisiéramos arriesgar el no transitar hacia una ley orgánica por no poder lograr una autonomía por ley”, por lo que no descartaron impulsar la figura de descentralización o de organismo desconcentrado.
Estas propuestas también se analizaron en el CNU, cuya segunda etapa, admitieron, no convocarán, pese a que se tenía previsto desde el inicio de su organización, y en su lugar llamarán a foros temáticos para analizar la configuración y el modelo académico de la institución.
En entrevista con La Jornada, los consejeros académicos Roberto Campos Perera, Manuel Campiña Roldán y Miguel Ángel Vértiz Galván afirmaron que para alcanzar la autonomía de la UPN se deberá garantizar que “no haya ninguna afectación para los compañeros docentes y trabajadores, pues se sube el nivel de prestaciones y se deben ofrecer mejores condiciones para la universidad, porque lo primero para nosotros es la unidad, su carácter nacional”.
Aunque el gobierno federal, el Senado y la propia SEP “han demostrado tener un ambiente favorable para otorgar la autonomía a la UPN, vamos a aprovechar y argumentar para que se dé, pero lo primero es lo nacional, que se cuente con las condiciones en las distintas unidades para desarrollar nuestras labores”.
Sobre el combate a la corrupción en el manejo de plazas docentes de base y la incidencia en la asignación de cargos directivos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciada por profesores e investigadores, insistieron en que la autonomía por ley no sería la única herramienta para abatir este problema.
