En septiembre de 2021, Luis Ramírez, director general del Issste, reconoció que –con la intermediación de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos– había pagado 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos y aguardaba que las farmacéuticas cumplieran para “normalizar” el abasto.

Simultáneamente, comunicaba que en sus recorridos por unidades médicas del país se estaban creando “estrategias” para cada una de ellas, con vistas a “estabilizar” y “dignificar” los servicios en “beneficio” de los derechohabientes porque, desde hace más de 20 años, las administraciones federales “dejaron” de invertir en infraestructura, recurriendo a la subrogación de servicios. Incluso, en Oaxaca, instalaron consultorios privados para atender a los asegurados, además de que contratar personal para lugares apartados representa un gran desafío ( Reforma, 6/9/21).

También comunicó que universidades públicas, dependencias de salud estatales, organismos de agua y municipios le adeudan 68 mil millones de pesos en cuotas y aportaciones de sus empleados: un problema “serio” que crece como “bola de nieve”. Rectores y gobernadores, dijo, podrían “acercarse” al Issste para alcanzar acuerdos. Incluso contempla agregar a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para “castigar” a quien las use para otros fines ( El Sol de México, 9/9/21).

Y así ocurrió. En octubre de 2021, el Senado aprobó –para que el Ejecutivo lo promulgue– que estados y municipios que no entreguen al Issste las cuotas de sus trabajadores sean sancionados con destitución temporal o definitiva y con el pago del doble de la cantidad que hubieran dejado de sufragar al Instituto. La minuta aprobada introduce reformas a la Ley del Issste, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley General de Responsabilidades Administrativas ( La Jornada, 15/9/21).

Según Ramírez, “somos” financieramente sólidos: se redujeron los “pasivos” de casi 20 mil millones de pesos a menos de 12 mil, y las reservas suman 111 mil millones. El “problema” es con los 29 gobiernos estatales deudores. La deuda se divide en tres: 7 mil 200 millones de pesos corresponden a los servicios de salud, mejora de la infraestructura y compra de insumos o equipo médico. Sigue el adeudo acumulado en las cuentas individuales de Fovissste por 2 mil 500 millones. Y, finalmente, las aportaciones a Pensionissste por 58 mil millones.

Se han negociado con 11 estados –a 15 años– 10 mil millones de pesos: Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, municipio de Cozumel-Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros. “Queremos” seguir facilitando convenios y no recurrir a la Secretaría de Hacienda para “retener” participaciones a las dependencias. El déficit en Superissste –que duró 10 años– es hoy un superávit por 88 millones de pesos, mientras en Turissste el superávit suma 56 millones.

Consignaba Ramírez que el Instituto “trabaja” con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) un acuerdo de intercambio de servicios que entierre la “privatización del servicio subrogado” en zonas rurales y que llevó a contratar médicos particulares. Apostaba a “bajar” en general esa subrogación a privados –con un costo anual de 8 mil millones de pesos– porque el Estado debe “recuperar” la rectoría del sistema y porque ella no “siempre” beneficia a la derechohabiencia en “calidad” y “eficiencia”, enfatizaba. Y es que el Issste es un “reflejo” de lo que pasaba con Pemex y la CFE, en los que se dejó de invertir para “privilegiar” el servicio privado. Se “tenía” la intención de que el Instituto fuera “cerrando” las unidades médicas para trasladar el servicio a privados.

“Por eso” no se emplearon las reservas, que “hoy” suman 111 mil millones de pesos ( Reforma, 8/11/21). El “propósito” es aprovechar las capacidades del IMSS y “viceversa”. En lugar de contratar a privados, contratar “al” IMSS. Se trabaja “por” la universalidad de servicios.

Simultáneamente, detallaba, las autoridades federales buscaban incrementar el intercambio de servicios entre Ssa-IMSS, Sedena y Semar para aprovechar personal e infraestructura, como se hizo con el covid-19 y reducir costos ( Reforma, 5/10/21).

Durante la pandemia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) contrató a 4 mil 300 médicos, y hay que basificar a 14 mil trabajadores contratados por suplencias u honorarios. Después de atender a 90 mil pacientes con covid-19, el gran desafío es reabrir los servicios a la derechohabiencia ( El Sol de México, 9/9/21).

Estaba además el pendiente de la antigüedad de las unidades médicas: más de la tercera parte de las de primer nivel rebasan los 50 años, y lo mismo ocurre con 14 de los 26 hospitales generales. Trece entidades no disponen de hospitales de segundo nivel. Según Ramírez, en Quintana Roo, San Luis Potosí, Durango, Oaxaca y Tamaulipas había más de 600 unidades en condiciones que requieren “casi tirarlas y volverlas a construir” ( La Jornada, 6/11/21).

Claro que, en su visión, el Issste en el ecuador del sexenio mostraba avances en la “mejora” de la atención a los derechohabientes, “fortalecía” la atención preventiva frente a la curativa y “aseguraba” su estabilidad financiera.

* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.