Sanciones económicas y hasta penales son parte de la advertencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, de persistir el desacato, frente a la orden de quitar un integrante de la Comisión Permanente para darle el respectivo asiento a Movimiento Ciudadano (MC).
Lo anterior se establece en un proyecto de “incidente de incumplimiento”, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, cuya votación se prevé para la próxima semana.
Además de amonestación pública, la advertencia va en específico para los coordinadores parlamentarios de Morena, Ignacio Mier; del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, y del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.
La Jucopo alegó imposibilidad de cumplimiento de la sentencia del Tribunal bajo el argumento de que sólo el pleno camaral podría ejecutarla.
Sin embargo, a colación de este caso, la Sala Superior del TEPJF recalca a los legisladores que sus resoluciones son definitivas e inapelables, no sujetas a interpretación o voluntad de los involucrados.
No es la primera vez que una instancia busca la manera de incumplir una orden del TEPJF, incluso el magistrado presidente, Reyes Rodríguez, expuso el tema en un foro internacional de expertos en materia electoral.
La circunstancia actual, relacionada con MC, alerta que en caso de continuar el desacato, los mismos magistrados electorales decidirán a qué diputado sacar de la Permanente.
En tanto, se ordena que este incidente de incumplimiento sea publicado en la página de Internet del Tribunal y en la de la Cámara de Diputados, al tiempo de apercibir también a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que definan a qué grupo parlamentario se le deducirá una diputación y se tome protesta a la diputación deMC que integrará la Comisión Permanente.
El asunto se deriva de una sentencia del TEPJF que dio la razón a MC en el sentido de que la Permanente no garantizó el principio de máxima representación efectiva, y que los legisladores de ese partido –así como del PRD– fueron excluidos de manera injustificada.
Si no se obedece a la Jucopo, se deberá “tomar las medidas necesarias, incluso penales, para conseguir el cumplimiento y, en caso de que se evidencie la contumacia, esta Sala Superior podrá ordenar la ejecución directa en plenitud de jurisdicción”, señaló.
La referida orden a la Jucopo fue emitida el 7 de junio pasado.