En una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para analizar la denuncia por la detención “ilegal y arbitraria” en enero de 2006 de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, a quienes se aplicó arraigo y prisión preventiva oficiosa por más de dos años, sus defensores solicitaron esa instancia que pida a México eliminar ambas figuras.

Calificaron el arraigo, existente en el país desde hace casi 40 años, como medida cautelar que no responde a las convenciones internacionales y se trata de violaciones a los derechos fundamentales, así como una forma de prisión preprocesal, argumentos compartidos por los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La defensa del Estado mexicano, encabezada por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentó que las dos figuras ya no son las mismas que las que se aplicaban durante los hechos reclamados, pues han sufrido modificaciones.

Apuntó que se elevó la figura de arraigo a nivel constitucional en 2008 y se acotó su aplicación para competencia única de autoridades federales, con autorización de un juez, y en casos de personas vinculadas al crimen organizado. La representación del Estado mexicano aceptó parcialmente los señalamientos y ofreció indemnización a las víctimas.

El juez presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, pidió a la defensa del Estado ampliar su argumentación, ya que, recalcó, “me cuesta mucho (entender) por qué motivo resulta imprescindible para México la figura de arraigo”, pues en otros países también se requiere la autorización de jueces para investigaciones. Detalló que a más tardar el 26 de julio deben presentarse los alegatos finales de la CIDH y el Estado mexicano.