El gobierno federal entregó al juez Adrián Fernando Novelo Pérez, titular del juzgado primero de distrito en Yucatán, la resolución de la manifestación de impacto ambiental relacionado con los trabajos del tramo 5 del Tren Maya, que corre de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo. Con la información que proporciona, Fonatur pretende que el impartidor de justicia modifique o revoque la suspensión definitiva concedida a la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, que paraliza por el momento las obras de construcción.

En la resolución, que se publicó ayer en estrados, se informó que Marco Aurelio Colín Hinojosa, apoderado legal de Fonatur Tren Maya y de Nacional Financiera, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), proporcionó una carpeta y una memoria USB que contienen la resolución que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), respecto de la autorización de impacto ambiental (MIA).

Con ello el juez estudiará el asunto y en los próximos días resolverá si confirma o revoca la suspensión definitiva que impide que continúen los trabajos de dicha obra, a pesar de que se pidió cancelar otras cuatro suspensiones que mantienen parado el proyecto.

En su fallo, el juez Novelo Pérez respondió que “no es legalmente procedente levantar de plano –como se solicita– la medida cautelar que se concedió, pues en todo caso deberá atenderse a lo dispuesto con el artículo 154 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas prevé la tramitación de una incidencia, con el fin de que las partes puedan eventualmente presentar pruebas y alegatos”.

Cabe señalar que el artículo 154 de la Ley de Amparo dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio, o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión.

La organización DMAS promovió la demanda de garantías el pasado 5 de abril y señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con sede en Ciudad de México. Entre los actos que reclama son los “permisos, autorizaciones y trabajos que conllevan la planeación, ejecución y desarrollo de actividades en el tramo 5 proyecto “Maya”, que abarca de Cancún a Tulum Norte del estado de Quintana Roo”. Asimismo, la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana.

El 18 de abril, DMAS obtuvo la primera suspensión provisional y posteriormente en mayo la definitiva por parte del mismo impartidor de justicia. No obstante, el gobierno federal apeló la sentencia.