La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos anuló ayer una ley del estado de Nueva York que restringía la portación de armas en público, una sentencia que impedirá a las entidades legislar en materia de control de armas y que abre el camino para impugnar las normas vigentes en California, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island, donde administraciones demócratas han impulsado restricciones al armamentismo entre civiles para frenar la violencia.
El presidente Joe Biden y autoridades de las entidades que se verán afectadas por el fallo de la máxima instancia judicial deploraron la decisión de impulsar el libertinaje en la venta, posesión y portación de armas de fuego en momentos en que el país vive un incremento sostenido en el número de muertes causadas por estos dispositivos, y apenas semanas después de una serie de tiroteos masivos que han conmocionado a la sociedad.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habló de un “día negro” en el que les fue arrebatado el derecho a imponer restricciones razonables; el gobernador de California y líder del Partido Demócrata, Gavin Newsom, expresó que es “una vergüenza” y que se trata de “una decisión peligrosa de un tribunal empeñado en impulsar una agenda ideológica y en infringir los derechos de los estados para proteger a nuestros ciudadanos de ser baleados en nuestras calles, escuelas e iglesias”. En tanto, la fiscal general de Massachussets, Maura Healey, recordó que ese estado “tiene una de las más bajas tasas de muerte por armas de fuego en la nación porque sabemos que leyes restrictivas salvan vidas”, y su homólogo de Nueva Jersey, Matthew Platkin, sostuvo que el fallo “ignora siglos de experiencia”.
Si bien decenas de estados ya permiten el porte de armas en público casi sin restricciones, lo cierto es que la sentencia de la Suprema Corte va a contracorriente del sentido común, de la civilización y de las urgencias de un país atrapado en una espiral de violencia totalmente atípica entre las naciones ricas. Al mismo tiempo, es muestra de un problema acaso más grave y que introduce una amenaza permanente a la vida democrática y los derechos de todos los estadunidenses: el control del Poder Judicial por el conservadurismo, a raíz de las maniobras del ex presidente Donald Trump, el ex líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y organizaciones de la ultraderecha como Federalist Society, Heritage Foundation, Judicial Crisis Network y Americans for Prosperity.
Al menos en los últimos 44 años, ningún mandatario había impuesto a tantos jueces como Trump: en apenas un término presidencial, instaló a más de 230 jueces federales, por lo que hoy 30 por ciento de los togados en las cortes federales de apelaciones, la instancia final de casi todas las causas, le deben sus cargos a Trump. La duración del giro a la derecha en la judicatura está garantizada porque los puestos de estos jueces son vitalicios y muchos de los nominados por el trumpismo tienen edades inferiores a 40 años. El saldo está a la vista: tres de los seis integrantes de la Suprema Corte que dictaminaron la anulación de las disposiciones neoyorquinas de control de armas fueron nominados por Trump, y otros jueces instalados durante ese periodo ya han demostrado su apego al conservadurismo por encima de las leyes y los derechos humanos. Así, en 2020 dos juezas de Florida, nombradas por el magnate, anularon prohibiciones de “terapias” que buscan cambiar la orientación sexual de menores LGBT.
Pero debe recordarse que el recrudecimiento del oscurantismo judicial no sólo es obra de Trump: si éste pudo disponer de tantas vacantes en la judicatura fue sólo porque McConnell y la mayoría republicana en el Senado bloquearon de manera sistemática e ilegal las nominaciones de jueces en el último tramo del gobierno de Barack Obama. De este modo, la superpotencia parece condenada a experimentar un retroceso catastrófico en los derechos de las mujeres, las minorías sexuales, las minorías étnicas y los trabajadores, en la protección del medio ambiente e incluso en la capacidad de caminar por las calles sin temer un ataque armado debido al asalto de las instituciones por parte de un grupo dispuesto a imponer su agenda sin ningún escrúpulo ético ni legal.
