Nueva York., Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para que proclamara que la elección que perdió “fue corrupta” a fin de revertir el resultado de los comicios presidenciales en lo que hubiera sido un “golpe de Estado político”, testificaron los últimos jefes de esa dependencia durante esa presidencia ante el comité selecto que investiga el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

En la quinta audiencia para presentar los resultados de la investigación de casi un año del comité selecto, el enfoque estuvo en los incesantes intentos de Trump de usar al Departamento de Justicia para subvertir el proceso electoral, disputa que llegó a tal punto que el mandatario fue advertido que podría detonar una renuncia masiva de esa secretaría.

Los testigos presentes ayer fueron el trío que encabezaba el Departamento de Justicia durante el último mes y medio de la presidencia de Trump: el procurador general en funciones Jeffrey Rosen, el subprocurador Richard Donoghue y el procurador asistente Steven Engel (en el sistema estadunidense el procurador general es a la vez el secretario del Departamento de Justicia) –todos nombrados por el mismo Trump– quienes revelaron los detalles de lo que Bennie Thompson, presidente del comité, calificó como un intento de un “golpe político”.

El objetivo del entonces presidente era lograr que el Departamento de Justicia endosara y con ello diera legitimidad a la mentira de Trump y sus cómplices de que su triunfo le fue robado por un fraude masivo.

Los testigos describieron cómo Trump los presionó de manera incesante –casi diario– para legitimar su versión falsa de la elección y cómo resistieron formar parte de ese complot para mantener a Trump en la Casa Blanca.

“Rechazamos todas las solicitudes de Trump”, confirmó ayer Rosen ante el comité. Repitió que se investigaron varias de las acusaciones pero “ninguna tenía mérito (…) no tenían credibilidad”, y algunas eran tan absurdas que fueron rechazadas de inmediato, como por ejemplo la de que satélites italianos habían intervenido máquinas de votación y estaban cambiando votos a favor de Trump por Joe Biden.

Trump fue explícito sobre lo que deseaba. En una de las conversaciones con Rosen y Donoghue, les dijo abiertamente: ”sólo digan que la elección fue corrupta y dejen lo demás a mi y a los legisladores republicanos”.

Cuando los procuradores rehusaron cumplir con sus deseos políticos, Trump acusó, en privado y en público, que el Departamento de Justicia no estaba haciendo lo suficiente para investigar lo que insistía era amplia evidencia de fraude electoral en varios estados. Sus acusaciones se volvieron consigna de sus fanáticos, incluyendo el mismo 6 de enero cuando decenas de miles avanzaban hacia el Capitolio y al pasar frente al Departamento de Justicia corearon: “cumplan con su trabajo”.

Al resistir las demandas de Trump y decirle cara a cara que ante los hechos y por el apego a su función constitucional, el Departamento de Justicia no debía ni podía complacerlo, el presidente los amenazó repetidamente. En una conversación afirmó: “me debería deshacer de ustedes y poner a otros”, que harían lo que él deseaba.

De hecho, el presidente ya estaba trabajando secretamente con un procurador asistente, Jeffrey Clark, a espaldas de sus jefes a quien eventualmente avisó que lo nombraría procurador general y despediría a Rosen.

Fue el domingo del 3 de enero de 2021 cuando esta disputa alcanzó su máximo nivel en una reunión en la Casa Blanca con Trump, los abogados de la Casa Blanca, los jefes del Departamento de Justicia y el alto funcionario Clark, quien estaba dispuesto a traicionar a esos jefes y sustituirlos para cumplir con los deseos personales del presidente. Ahí Trump le dijo a Rosen: “Tú no vas a hacer nada por mí”, a lo cual el procurador general le reiteró que no haría nada “que no se apegaba a los hechos y a las leyes”.

Rosen explicó al comité que lo que estaba en juego era el respeto a la Constitución y la protección de instituciones democráticas, ya que “si se daña cualquier institución fundamental, no es nada fácil repararla”.

Trump preguntó a los reunidos qué sucedería si corría a Rosen y nombraba a Clark como procurador para hacer lo que pedía. Donoghue y Engel le respondieron que renunciarían de inmediato, junto con todo el liderazgo del Departamento de Justicia, y le advirtieron que rápidamente tendría cientos de renuncias, y Rosen le subrayó que “usted tendría mucho que perder”. Engel le indicó que “Clark quedaría como líder de un panteón”. Ahí mismo, Trump decidió no proceder.

Por cierto, el miércoles pasado, un día antes de la audiencia, la casa de Clark fue cateada por agentes federales en un indicio de que posiblemente está creciendo la investigación criminal alrededor de cómplices del presidente.

Según los legisladores investigadores, al quedar anulado el “golpe de Estado político” usando el Departamento de Justicia, sólo dejo una última opción para Trump y sus cómplices para mantenerse en el poder, la cual se realizó tres días después –el violento asalto del Capitolio, un golpe de Estado físico, para intentar subvertir la elección–.

Además del esfuerzo en torno al Departamento de Justicia, durante la audiencia se reveló que por lo menos cinco diputados federales republicanos solicitaron perdones presidenciales a Trump, algunos poco después de la elección. Adam Kinzinger, uno de dos republicanos del comité selecto, comentó que “la única razón que sé para pedir un perdón presidencial es si uno cree que cometió un delito”.

Los integrantes del comité informaron que continuarán con más audiencias en julio, y anunciaron que su investigación sigue abierta ya que con el inicio de las audiencias públicas continúan apareciendo más evidencias.