El cuarto tribunal unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, desechó los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) y confirmó de manera definitiva que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa que se imputaron a 17 funcionarios y ex directivos del sistema penitenciario federal ya prescribieron. También determinó que no incurrieron en actos ilícitos al firmar convenios modificatorios relacionados con la construcción y operación con recursos privados de ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).

El órgano jurisdiccional consideró inoperantes los argumentos con los cuales la FGR pretendió llevar a juicio y encarcelar a quienes signaron los contratos con los cuales se aprobó la construcción de dichos penales durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna se desempeñó como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal.

La administración calderonista autorizó mediante asignación directa la edificación de los ocho penales bajo el modelo de asociación público-privada, y otorgó los contratos a las empresas Homex, Ingenieros Civiles Asociados, Promotora y Desarrolladora Mexicana, ARB Arendal, GIA y Tradeco, para lo cual los imputados por la FGR habrían autorizado un costo mayor a lo pactado con las empresas, estimado en 62 mil 840 millones de pesos.

En enero pasado, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos desechó las acusaciones, al considerar que los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa imputados ya prescribieron, y que el resto de los ex servidores públicos no incurrió en actos ilícitos, ya que los convenios modificatorios que signaron no incidieron en el incremento de los costos de construcción.

En la resolución del tribunal se señala: en cuanto a la prescripción, “no se actualiza”, y por lo que hace a los delitos imputados, los argumentos de la FGR resultaron “inoperantes” e “infundados”, por lo que “procede confirmar la resolución recurrida”.