La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) ratificó las multas impuestas por la sala especializada de este mismo tribunal al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y a 76 personas denominadas influencers, quienes llamaron a votar por este partido durante la veda de los comicios federales del año pasado.
No obstante, se les excusó de poner mensajes en sus redes sociales de que fueron sancionados por violar la norma electoral, así como tomar un curso sobre equidad en la contienda. Los aludidos dijeron que eran medidas excesivas y desproporcionadas.
Los magistrados de la sala superior adujeron que esas medidas de reparación sólo son procedentes en aquellos casos de violaciones graves a derechos humanos y cuando la propia sentencia no repare el daño.
Por tanto, salvo ajustes, se acreditó que los personajes –con miles de seguidores en redes sociales– recibieron “un guion” para emitir mensajes por Instagram, en plena veda electoral, los días 5 y 6 de junio de 2021.
La sala superior, cuyas decisiones son definitivas e inatacables, confirmó la multa al PVEM por 118.5 millones de pesos, una cuarta parte de su ministración anual, así como las sanciones a los influencers y su inscripción en el registro de infractores.
De acuerdo con la resolución de la sala especializada, la multa más alta fue para el actor Gabriel Soto, quien deberá pagar 133 mil pesos, mientras la actriz Bárbara del Regil, 86 mil 850.
La sentencia fue aprobada por mayoría –con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto–, al tiempo que dos magistrados hicieron alusión a que el PVEM ya estuvo involucrado en un caso similar en 2015.
En otro asunto, el TEPJF respaldó al Instituto Nacional Electoral en cuanto a que corresponde al instituto electoral local –y no al árbitro nacional– analizar si el canciller Marcelo Ebrard incurrió en uso indebido de recursos públicos al asistir a un acto proselitista en Quintana Roo, porque es un asunto de posible efecto en comicios estatales, sin importar que el denunciado sea un funcionario federal.
El PAN y el PRD alegaron, respectivamente, presunta compra y coacción del voto en el proceso electoral en Durango y Quintana Roo; asimismo, vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en la contienda, así como el referido uso indebido de recursos públicos.
Sanciones por revocación de mandato
Por otra parte, el TEPJF confirmó multas que impuso la sala especializada a Morena y a su dirigente, Mario Delgado, así como a diversos funcionarios públicos nacionales y locales, por la vulneración al marco normativo constitucional, legal y reglamentario durante el proceso de revocación de mandato.
La sanción al líder del partido guinda es por ofrecer transporte a los votantes, y entre los funcionarios públicos sancionados se incluyó al alcalde de Miguel Hidalgo, por divulgar en periodo prohibido convocatorias de programas sociales.
Otros aludidos por quejas similares fueron David Méndez Márquez, delegado de Migración en Puebla, y José Emiliano Zizumbo Quintanilla, subsecretario de Cultura de Colima.
