El gobierno del presidente Guillermo Lasso rechazó ayer las peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para iniciar un diálogo con vistas a terminar con el paro nacional que ya cumplió 10 días y que mantiene en jaque a amplias zonas del país. El líder indígena Leonidas Iza había exigido que el Ejecutivo elimine el estado de excepción en seis provincias, desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde los manifestantes se hospedan en la capital, y que les permitan concentrarse para mantener asambleas.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se negó a atender las condiciones de la Conaie aduciendo que “no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital… primero hay que sentarse a conversar, a hablar, hay que poner los temas sobre la mesa”, una respuesta que refleja ignorancia o falta de voluntad política –o una combinación de ambas– en un gabinete con más orientación empresarial que política, toda vez que, para decidir los siguientes pasos en su lucha y alcanzar acuerdos, el organismo indígena requiere celebrar asambleas, algo imposibilitado desde que Lasso suspendió el derecho de reunión.
La cerrazón del gobierno de Lasso y su apuesta por la estrategia represiva para desactivar las manifestaciones no ofrecen ninguna perspectiva de solución; por el contrario, invitan a la radicalización de la protesta y evidencian que este banquero da la espalda a la historia nacional. En efecto, no puede perderse de vista que entre 1997 y 2005 la Conaie fue un actor clave en el derrocamiento de los presidentes Jamil Mahuad, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, un dato que no debería pasar inadvertido a Lasso habida cuenta de que su ingreso en la política se produjo precisamente porque Mahuad lo nombró gobernador de la provincia del Guayas (donde se ubica Guayaquil, la ciudad más poblada y rica de Ecuador, así como sede de la oligarquía a la que pertenece el propio mandatario) y después ministro secretario de Economía, cargo que desempeñó por apenas un mes. El sector indígena organizado también jugó un papel central en las revueltas de octubre de 2019 que obligaron al ex presidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en su plan de ajuste neoliberal instigado por el Fondo Monetario Internacional y que suponía un duro golpe a la economía popular.
Esta tendencia autoritaria en la administración conservadora se tornó más preocupante el martes, cuando el ministro de Defensa, Luis Lara, afirmó que “la democracia está en riesgo por la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”. Flanqueado por los jefes del ejército, la marina y la fuerza aérea, el general en servicio pasivo aseguró que detrás de las protestas “está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada”, y afirmó que “las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional”.
El gobierno de la nación andina debe entender la legitimidad del descontento social, propiciar las condiciones para el diálogo y sentarse con los dirigentes opositores a buscar una salida pacífica a las protestas, es decir, todo lo contrario del atrincheramiento en posiciones autoritarias y el uso de las fuerzas armadas para mandar mensajes de alarma y amedrentamiento velado. La muerte de un manifestante y los 55 heridos en la jornada de movilizaciones del martes debería ser un incentivo de peso para emprender sin dilaciones la búsqueda de soluciones reales en un contexto democrático.
