Quito. El gobierno de Ecuador se negó ayer a derogar el estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en la capital, como exige el movimiento indígena para negociar una salida a la crisis que cumple 10 días de protestas con saldo de dos muertos, decenas de heridos y detenidos, además de policías desaparecidos.

La ciudad de Puyo se encontraba sitiada ayer por los manifestantes, sin custodia policial y en crisis por la falta de alimentos, tras una violenta noche en que los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados, luego de que un comunero fue abatido por fuerzas de seguridad.

Ríos de manifestantes aumentan la presión en las calles militarizadas de Quito. Los indígenas y el gobierno ecuatoriano miden fuerzas sin que se vislumbre una solución.

Ante la negativa oficial, el movimiento de protesta mantuvo la presión para exigir una reducción de precios de los combustibles, entre otras medidas.

Llegados de varios puntos, unos 10 mil indígenas están en Quito desde el lunes. A su paso van quemando neumáticos y armando barricadas con troncos. A su vez, los militares protegen la sede de la presidencia con vallas de alambre de púas. La ciudad está semiparalizada por la protesta.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene las “manos manchadas de sangre”, denunció Leonidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que llamó al paro nacional.

Entre lunes y martes murieron dos personas en las protestas, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que además registra 90 heridos y 87 detenidos desde el 13 de junio. Según la policía, hay 101 efectivos y soldados lesionados.

Iza reiteró su disposición al “diálogo” sin intermediarios, pero con la supervisión ciudadana que garantice “resultados”.

Como punto de partida, la Conaie exige que se levante el estado de emergencia bajo el cual militares salieron de los cuarteles y se decretó un toque de queda nocturno en Quito.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó: “no podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió en entrevista para el canal Teleamazonas.

Tras la negativa del gobierno a los puntos planteados por el dirigente Iza la noche del martes, la Coanie envió ayer por la tarde una carta a Lasso, y el ministro Jiménez tuiteó que revisaban el texto para “comenzar un proceso de diálogo efectivo”, sin dar más detalles.

La fiscalía en Quito fue atacada por segundo día consecutivo. La Coanaie comentó al respecto: “dejamos claro que los autores de estos graves hechos no forman parte del movimiento indígena; nosotros, de hecho, seguimos llamando a evitar el vandalismo”.

Al cabo de 10 días de protestas con bloqueos y movilizaciones, comienza el desabasto, mientras en las calles retumba el grito de los indígenas: “¡Fuera Lasso!”

El subsecretario estadunidense de Estado para el Hemisferio Occidente, Brian Nichols, llamó a “todas las partes a que se abstengan de la violencia”, luego de que Washington aumentó el nivel de alerta para viajar a Quito.

Las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, externaron su “preocupación por los disturbios, en especial porque afectan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, e invitaron a las partes al diálogo y “la concreción de acuerdos”.

Al cierre de esta edición se informó que el presidente Lasso dio positivo a covid-19. “No presenta síntomas y cumplirá con los protocolos médicos correspondientes”, informó la oficina de comunicación de su gobierno.