No transcurre día sin que los grandes corporativos reclamen airadamente por la “intromisión” del Estado en los asuntos económicos, cuando en los hechos viven de él, y muy bien, al exprimirlo incluso de forma ilegal. Adoradores de las “razones de mercado”, y gracias al régimen neoliberal, tales consorcios acaparan los bienes de la nación, gozan de todo tipo de prebendas, evaden a diestra y siniestra e hinchan sus alforjas con los recursos que generosamente les facilita el ogro que tanto odian.
El saqueo es incalculable, pero de vez en vez se documenta uno que otro atraco al Estado, al que los corporativos aborrecen. Por ejemplo, La Jornada (Dora Villanueva) publicó que “con registros falseados de pérdidas por créditos incobrables y simulación de inversiones, bancos y mineras (grandes contribuyentes) habrían evadido hasta 62 mil 957.7 millones de pesos de sus obligaciones fiscales entre 2015 y 2019, de acuerdo con un par de estudios solicitados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
Dicha información (con base en estudios realizados por las universidades Autónoma Chapingo, en el caso de la banca, y Autónoma de Coahuila, en el de la minería) detalla que la evasión fiscal de las instituciones bancarias podría sumar 43 mil 823 millones de pesos en el periodo 2015-2019, mientras el de los corporativos mineros ascendería a 19 mil 134.7 millones (2016-2019). Este desfalco al Estado sólo es uno de los tantos cometidos por los grandes consorcios que operan en nuestro país, que exigen manos libres para seguir robando a la nación.
No tienen llenadera: de 2015 a 2019, las utilidades netas de la banca que opera en el país sumaron 655 mil millones de pesos y una parte importante de ellas provino de la evasión y elusión fiscales. Lo mismo con los corporativos de la minería, que entre 2016 y 2019 reportaron ganancias de cuentos de hadas, no sólo por los altos precios de los minerales, sino por el fraude a la nación.
De hecho, meses atrás el SAT documentó y denunció las bajísimas tasas fiscales efectivas de impuesto sobre la renta que, se supone, pagaban los barones de la banca y la minería (“grandes contribuyentes”) en los periodos señalados. De acuerdo con esa institución gubernamental, los primeros “cubrían” una tasa de 6.04 por ciento en 2015, que para 2019 se redujo a 5.33 por ciento; en el caso de los segundos, bajó de 7.59 en 2016 a 5.51 por ciento en 2019. Por si fuera poco, les devolvían impuestos y les cancelaban créditos fiscales, es decir, por parte de los “grandes contribuyentes” el atraco resultaba multidimensional.
El propio SAT advierte que en las 40 principales actividades económicas del país “se estima que hay un monto potencial de evasión y elusión fiscales de alrededor de 700 mil millones de pesos” sólo en el rubro “grandes contribuyentes”, lo que representa 3 por ciento del producto interno bruto de 2020”. Y en el régimen neoliberal les abrieron las arcas nacionales, amén de beneficiarse con el régimen de consolidación fiscal.
El análisis de la Universidad Autónoma Chapingo subraya que la actividad bancaria en el país se concentra en siete instituciones (cinco trasnacionales y dos nacionales): Banamex, Banorte, BBVA, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank, de tal suerte que se infiere que en ellas podrían realizarse las mayores operaciones de evasión y elusión.
Por el lado de los corporativos mineros, el estudio de la Universidad Autónoma de Coahuila revela que, en materia de “sospecha de riesgo de evasión” en la minería (rubro grandes contribuyentes), “el mayor número de declaraciones consideradas de alto riesgo se ubica en la extracción de plata y el segundo en la extracción de plomo, zinc y hierro”, que “en conjunto concentran 70 por ciento del total de la evasión estimada”. Aquí aparecen principalmente empresas del clan Bailleres, de Germán Larrea y de Carlos Slim.
Detalla que el monto estimado de evasión (19 mil 135 millones de pesos) “representa 32 por ciento de la recaudación de grandes contribuyentes del sector (excluyendo a Pemex), 35 por ciento de la recaudación del subsector de minería de minerales metálicos y no metálicos y 59 por ciento adicional del ISR causado por 26 contribuyentes”.
Las rebanadas del pastel
Que el Estado ni de lejos, pero ahí está el presidente Biden suplicando al Congreso estadunidense que “apruebe una suspensión de tres meses del impuesto federal sobre la gasolina para ayudar a combatir los precios históricos del combustible”.
