Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó las multas impuestas por la Sala Especializada de este mismo tribunal al Partido Verde y a un grupo de 76 personas denominados influencers quienes llamaron a votar por este partido durante la veda electoral de la elección federal del año pasado.
No obstante, se les excusó de poner mensajes en sus redes sociales, de que fueron sancionados por violar la norma electoral, así como tomar un curso sobre equidad en la contienda. Los aludidos dijeron que eran medidas excesivas y desproporcionadas.
Los magistrados de la Superior adujeron al respecto que ese tipo de medidas de reparación solo son procedentes en aquellos casos de violaciones graves a derechos humanos y cuando la propia sentencia no repare el daño.
Por tanto, salvo ajustes, se acreditó que los personajes – con miles de seguidores en redes sociales- recibieron “un guión” para emitir mensajes por Instagram, en plena veda electoral: los días 5 y 6 de junio de 2021.
Las decisiones de la Sala Superior son definitivas e inatacables; así, fue confirmada la multa al PVEM por 118.5 millones de pesos, una cuarta parte de su ministración anual, así como a las sanciones de los influencers, y su inscripción en el registro de infractores.
Acorde con la resolución de la Especializada, la multa más alta fue para el actor Gabriel Soto, quien deberá pagar 133 mil pesos, mientras que la actriz Bárbara del Regil, 86 mil 850.
La sentencia fue aprobada por mayoría – con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto-, al tiempo que dos magistrados hicieron alusión a que el PVEM ya estuvo involucrado en un caso similar en 2015.
Confirman multa a funcionario
En otro asunto, el TEPJF confirmó multas que impuso la Sala Especializada a Morena y a su dirigente, Mario Delgado, así como diversos funcionarios públicos nacionales y locales por la vulneración al marco normativo constitucional, legal y reglamentario durante el proceso de revocación de mandato.
En el caso del líder partidista, la sanción es por ofrecer transporte a los votantes, y en el caso de las personas funcionarias públicas sancionadas se incluyó al alcalde de Miguel Hidalgo, por divulgar en periodo prohibido convocatorias de programas sociales. Otros aludidos por quejas similares fue el delegado de migración en Puebla y el subsecretario de Cultura de Colima.