El presidente de la República decidió nombrar a Clara Luz Flores Carrales secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sustitución de Leonel Cota Montaño, el ex gobernador de Baja California Sur que a su vez relevó a Ignacio Ovalle Fernández en la dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana, en medio del escándalo (que no ha pasado de eso) por las enormes irregularidades financieras y administrativas cometidas en Segalmex.

Clara Luz fue priísta durante 22 años, presidenta municipal en tres ocasiones de Escobedo, Nuevo León, donde su esposo, Abel Guerra Garza, lo fue dos veces (además de diputado local, dos veces diputado federal y secretario de obras públicas con José Natividad González Parás como gobernador). La nueva funcionaria federal tiene en su currículo, como mayor experiencia en lo jurídico, haber sido directora de ese ramo en el citado municipio norteño.

También fue diputada local y en febrero de 2020 renunció al PRI a fin de quedar disponible para cerrar tratos previos (iniciados por Yeidckol Polevnsky y continuados por Mario Delgado) para ser candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Antes de ser anunciada su postulación, tuvo un desayuno privado con el Presidente de la República, quien estaba de gira en la entidad. Quedó en cuarto lugar de esa elección, con 14.02 por ciento de los votos emitidos.

No debería haber ninguna deuda política del movimiento que proclama la regeneración nacional con Clara Luz, pero la colocación en un delicado cargo federal de seguridad pública constituye un inexplicable y contradictorio pago político, que pone información estratégica, y la operación de seguimiento de resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública en una persona que ha mentido respecto a su pertenencia (en niveles más allá de una simple toma de un curso de superación personal) a un grupo delictivo llamado NXIVM, dirigido por Keith Raniere (sentenciado por esas causas en Estados Unidos) y representado y promovido en México por Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Salinas de Gortari (https://bit.ly/39L9Nb9).

Además de esa pretensión de ocultar su paso por NXIVM, luego de lo cual su contrincante priísta la exhibió en una conversación amable y fluida con el citado Keith Raniere, grabada durante más de una hora, las relaciones políticas y los intereses de la dupla Clara Luz-Abel Guerra no parecen idóneos para que se tenga acceso a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y esta secretaría ejecutiva “ejecute y dé seguimiento” (así lo establece la ley correspondiente) a los acuerdos tomados por el presidente de la República (en su ausencia, el secretario de Gobernación) y los titulares de la Defensa Nacional, Marina y Fiscalía General de la República, así como los gobernadores de los estados y de la Ciudad de México.

En otro tema: el asesinato de un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, una comunidad del municipio de Urique, en Chihuahua, en la sierra Tarahumara, ha puesto bajo la atención nacional e internacional el tema del dominio que grupos del crimen organizado ejercen en esas regiones.

Los jesuitas Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales habían dedicado buena parte de su vida a trabajar en solidaridad con los grupos más desprotegidos de esa zona, donde se mezclan intereses políticos y económicos, abanderados políticamente por el PRI y Acción Nacional, y de organizaciones criminales, uno de cuyos jefes locales es señalado como culpable de las tres muertes por disparo de arma de fuego.

Y, mientras en Atitalaquia, Hidalgo, ha sido asesinado uno de los activistas que han mantenido un plantón contra la instalación de un tiradero de basura tóxica, y dos personas más fueron agredidas, con consecuencias graves, por un grupo armado, ¡hasta mañana, en espera de que las autoridades federales encuentren y castiguen a los agresores y clausuren tal tiradero!

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