Quito. Miles de indígenas bloquearon ayer una importante vía de Quito y fueron dispersados por la policía con gas lacrimógeno en su noveno día de protestas, horas después de que el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara, advirtió que la democracia del país “está en riesgo” y que las fuerzas armadas no permitirán que se rompa el “orden constitucional”.

GALERÍA: Policía de Ecuador dispersa con gas lacrimógeno protesta indígena.

El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, replicó: “hemos decidido mantenernos en la lucha, en la resistencia, como derecho de los ecuatorianos”.

Al cierre de esta edición, la Conaie denunció que Guido Guatatoca, comunero de la etnia kichwa, fue abatido por fuerzas de seguridad en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, durante las movilizaciones por el paro nacional.

La Asamblea Nacional, con 81 votos de 137, exigió al gobierno del presidente Guillermo Lasso una propuesta seria, clara y honesta de apertura al diálogo, que posibilite alcanzar consensos políticos, así como un adecuado uso de los mecanismos constitucionales y legales para el mantenimiento de la democracia y el ejercicio y garantía de los derechos.

Agregó que el manejo errático de la situación social y política profundiza la actual crisis, informó el portal confirmado.net.

Convocados por la poderosa Conaie, los manifestantes en Quito reclaman al gobierno de Guillermo Lasso la reducción del precio de los combustibles en protestas que llevan ya nueve días.

Unos 500 indígenas chocaron con la policía cuando salían de su lugar de hospedaje en la Universidad Salesiana y pretendían llegar hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que fue tomada por la policía en medio del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, incluida Pichincha, cuya capital es Quito.

Para frenar el avance, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, que luego volvieron a reagruparse.

También hubo focos de manifestaciones en el sur de Quito y cerca de la estatal Universidad Central (norte), según la policía.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos reportó 79 civiles detenidos y 55 heridos desde el inicio de las protestas.

La policía informó de 79 uniformados heridos y 27 retenidos por manifestantes, aunque todos ya fueron liberados.

“La democracia está en riesgo por la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos”, denunció el ministro de Defensa, Luis Lara, flanqueado por los jefes del ejército, la marina y la fuerza aérea.

Al hablar en representación de las tres fuerzas, convocó “a los ecuatorianos a la unidad nacional”, al señalar que detrás de la violencia de las protestas “está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada”.

La Conaie ratificó la voluntad de dialogar y agotar procedimientos dentro de la política para solucionar demandas que mantienen a organizaciones sociales en un paro nacional. Iza llamó a que la lucha, concentrada en Quito, no sea mancillada por la violencia y la delincuencia, pues el objetivo es resolver los problemas del día a día de la población.

Invitó al presidente Lasso a reducir las acciones bélicas y aumentar las propuestas políticas, para evitar la indignación de la ciudadanía.

En casi un año, el diésel subió 90 por ciento (a 1.90 dólares) y la gasolina 46 por ciento (a 2.55). Desde octubre pasado los precios están congelados por la presión social. La Conaie exige rebajarlos a 1.50 y 2.10 dólares, respectivamente.

“Bajen las armas, somos pueblos de paz”, exclamaron algunos de los más de 10 mil indígenas que llegaron en caravana a Quito. Varios llevaban escudos fabricados con láminas de señales de tránsito y botes de basura.

Ecuador, cuya dolarizada economía intenta recuperarse del golpe de la pandemia, pierde unos 50 millones de dólares por día a raíz de las protestas, sin tomar en cuenta el sector del petróleo, el principal producto de exportación, de acuerdo con cifras oficiales.

La estatal Petroecuador registra una pérdida acumulada de casi 64 mil 300 barriles de la producción total, debido a que más de 230 pozos están “apagados” por las manifestaciones en la Amazonia.

Los indígenas también demandan un control de precios a los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares. Otra exigencia es la moratoria de un año para el pago de créditos con la banca.

Amnistía Internacional denunció que la represión policial “está provocando una crisis de derechos humanos” que recuerda a la de octubre de 2019.