Ciudad de México. La desigualdad entre las entidades federativas tiene uno de sus orígenes en el diseño fiscal. En promedio los estados cuentan al año con 8 mil 633.2 pesos por habitante para atender gastos en educación, salud, infraestructura, entre otros derechos, así como para hacer frente a eventos de coyuntura, pero entre los mismos hay una brecha de hasta 11 mil 807.3 pesos.

Una investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) encuentra que una vez apartados los recursos para gastos ineludibles —entre los que se encuentra el pago de salarios, pensiones, deuda, entre otros— Aguascalientes tiene un margen fiscal de 13 mil 690.9 pesos por habitante, mientras que a Chiapas le restan mil 883.9 pesos para todo el año.

El margen fiscal es el recurso que tienen los estados para gastar en política pública, una vez que se cubren los gastos ineludibles. Sin embargo, éste se redujo 27.5 por ciento en los últimos cinco años, al pasar de 11 mil 906 pesos en 2018 a 8 mil 633.2 en 2022; esto se debe a que se redujeron los ingresos de las entidades y a que las presiones por pago de deuda, pensiones y salarios de servidores públicos se mantienen.

Se requiere una nueva convención hacendaria para resarcir lo ineficiente del actual diseño fiscal, explicaron los investigadores del CIEP, durante la presentación del informe “Finanzas Públicas Locales”. Si bien el gobierno federal evadió una reforma el año pasado, eventualmente se tienen que modificar las reglas de gasto que rigen a las aportaciones y participaciones para que sean congruentes con la situación de cada entidad, ampliaron los especialistas.

No son iguales las necesidades demográficas, de salud, educación, infraestructura o seguridad que se tienen en Nuevo León que en Chiapas. Por ello, se requiere que los recursos etiquetados puedan tener reglas de acuerdo a las necesidades de cada entidad, explicó Alejandra Macías, directora del CIEP.

Los gobiernos dirigen el gasto a cinco rubros en particular: educación, seguridad, salud, infraestructura y pensiones. Aun con ello, el recurso no es suficiente. Se requiere al menos 5.1 por ciento adicional del producto interno bruto (PIB) nacional para garantizar oferta educativa hasta el nivel universitario y 1.1 por ciento para dar cobertura universal en salud.

Mientras el gasto se concentra en esos cinco sectores, otros como vivienda, agua, ciencia y tecnología quedan soslayados, puntualizó Alberto Pérez, investigador del CIEP; al tiempo que, evidenció, la opacidad se instala en los conceptos recurrentes.

“Se desconoce cuánto gastan entidades y municipios en pensiones”, enfatizó Pérez. Al revisar el gasto de los gobiernos locales en restiros, a través de 209 solicitudes de transparencia, el CIEP halló que 18 mil millones de pesos no fueron reportados en la Cuenta Pública.

En general, las haciendas de las entidades reflejan la heterogeneidad en el país, un importante sesgo centralizador y la elevada dependencia de transferencias federales, resumió José Luis Clavellina, también investigador del CIEP.

El estudio relata las particularidades de cada entidad, pero destaca que hay tres impuestos que son base para incrementar el recurso de los estados. De inicio, la tenencia podría dejar una recaudación adicional de 74 mil millones de pesos en un año, de acuerdo con los estimados del CIEP.

A ello suma el predial, en el que se requieren actualizar tasas e incluso incluir una política de género que facilite la adquisición de propiedad a mujeres, además de que hay margen para el diseño de impuestos verdes, los cuáles apenas se han implementado en Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas y promedian un ingresos de 10.9 pesos por habitante.