Pueblos indígenas se enfrentan al avasallamiento de desapariciones de sus integrantes, desplazamientos de sus lugares de origen, conflictos internos alentados por caciques y el crimen organizado, que han incrementado su poder de destrucción, mientras las autoridades estatales y federales no han podido garantizar el orden, la justicia y la defensa de sus derechos, advirtió Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Al presentar el reporte Asedio y desprecio, de la asociación Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por sus siglas en inglés), subrayó que esto ha amenazado el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, se han elevado la criminalización y la impunidad, además del desprecio, trato racista y discriminatorio de parte de los grupos de poder que invisibilizan estas luchas.
Durante la presentación virtual del informe, Barrera destacó el asedio que se da por grupos paramilitares en regiones de Chiapas, grupos empresariales en Chihuahua y Guerrero, y grupos de la delincuencia organizada hacia territorios comunitarios.
“Se ha recrudecido por la violencia, la indefensión de la población, el alejamiento de las instituciones y la colusión que se da entre autoridades municipales con el crimen organizado” y está documentado, desde Chiapas hasta Sonora, de Yucatán a Chihuahua, dijo.
Con los relatos de rarámuris, tseltales y nahuas, entre otros, se da cuenta de la problemática nacional en cuanto a la población indígena, pese a que en el gobierno actual hay intención de implementar políticas de apoyo a los más pobres.
“Las regiones indígenas históricamente han sido abandonadas por gobiernos mestizos, no sólo es dejarlos, sino permitir que en sus territorios gobiernen autoridades mestizas vinculadas con caciques, el Ejército y grupos de poder que en los últimos años son poderes fácticos, como el crimen organizado”, detalló.
Barrera agregó que se presentan 16 casos emblemáticos, como el del pueblo yaqui de Sonora, donde hay desapariciones de defensores, líderes y autoridades por el crimen organizado, y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el plan de justicia, ha sido insuficiente por los conflictos históricos que se viven.
Anabela Carlón explicó que de los casos analizados hay cinco de desplazamiento forzado, en localidades de Chihuahua y en Laguna Larga, Chiapas; hay tres de desaparición forzada en Chihuahua, Sonora y en Guerrero; tres de homicidios en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como la violación al consentimiento libre, previo e informado en Homún, Yucatán, con la instalación de granjas porcícolas, y criminalización hacia los rarámuris.
Precisó que el asedio utiliza el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y el homicidio, el desprecio ocurre cuando se viola la personalidad jurídica, hay criminalización y despojo del territorio. Añadió que identifican tres tipos de agresores: crimen organizado, que busca el control del territorio y el trasiego de mercancías; los grupos herederos del paramilitarismo, que buscan crear terror, y las organizaciones armadas con historia política, que utilizan prácticas violentas y de coerción.
