Cerró una semana ominosa para Chiapas y el país entero ante el despliegue y enfrentamiento de grupos criminales, con armas de alto poder, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, el pasado 14 de junio, en torno a la violenta disputa por el control de la Central de Abastos y un mercado público. Todo ello durante varias horas que tardaron en llegar fuerzas de la Guardia Nacional o policiacas. Son públicas y conocidas para la ciudadanía las bandas y cárteles específicos que con una gama de alianzas oficiales actúan con abierta impunidad y complicidad, en los hechos, de los tres órdenes de gobierno. De paso siembran temor social, hasta ahora paralizante, salvo expresiones aisladas y abiertamente minoritarias, lo que sin duda favorece al Estado. Estos hechos fueron denunciados y censurados ampliamente en redes y algunos medios dentro y fuera del país.

No sucedió lo mismo con el intento de realizar en Oxchuc , el pasado 18 de junio, elecciones extraordinarias en su municipio, bajo su régimen de usos y costumbres, cuyos resultados muy previsibles serán los de una nueva suspensión, anulación y aplazamiento del proceso, motivada por la violencia, también armada, que no cesó en muchas de las comunidades que participarían.

¿Por qué es importante colocar la mirada en Oxchuc? El municipio sufrió el cacicazgo, entre otros, de María Gloria Sánchez Gómez y su familia, con toda una historia de conflictos y agresiones. Incluso la destituyeron y el Tribunal Electoral falló en su favor. Por todo ello, vale recordar que hoy es el único municipio en la entidad chiapaneca que logró reconocimiento a la elección bajo sus sistemas normativos al margen de partidos políticos. A través de la Comisión Permanente de Paz y Justicia de Oxchuc se desplegó una lucha de casi tres años ante los tribunales electorales que en principio rechazaron su propuesta de libre determinación y en los que finalmente lograron la aprobación, tras la elaboración por parte del INAH de un peritaje cultural que dio cuenta de la “existencia histórica de un sistema normativo interno” y, después de ello, se organizó una consulta, del 27 de noviembre al 28 de diciembre de 2018, y el 5 de enero de 2019 se informaron sus resultados: las asambleas comunitarias de consulta indígena, de las 116 comunidades 59.18 por ciento, se manifestaron en favor del sistema de usos y costumbres; mientras 38.40 por ciento lo fue en favor de la permanencia del sistema de partidos políticos. La decisión surgida del proceso de consulta libre, previa e informada, fue formalizada por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC). Con base en ello se eligieron autoridades para un trienio.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre de 2021 en el municipio de Oxchuc, se inició el proceso de elección de sus autoridades municipales bajo el sistema normativo interno (2022-2024), pero se suspendió dicha elección debido a lamentables actos violentos, como bloqueos carreteros, quemas de casas, retención de vehículos y personas, un muerto y heridos. Posteriormente el IEPC de Chiapas determinó que el proceso no concluyó. Por tanto, no se puede validar el ejercicio. En tanto, el Congreso del estado nombró autoridades provisionales que no mostraron ningún interés en promover la elección pendiente. Otra vez se tuvo que organizar la protesta ante el IEPC, que definió que corresponde a su instancia comunitaria la realización. Este ejercicio del 18 de junio es el que de nueva cuenta vivió hechos violentos para sabotear su conclusión y reconocimiento.

Nos preguntamos: ¿cuál es el hilo conductor que une a los hechos del 14 y del 18 de junio pasados? Salta la violencia, en el primer caso, la acción de grupos del crimen organizado, en el segundo, grupos de poder local caciquil aliados a algún partido político que han hecho del atropello y despojo su modus operandi. En estos y otros casos graves que suceden en otras regiones de Chiapas, esos dos factores se enlazan y unifican en redes de complicidad gubernamentales que generalmente por acción omiten el cumplimiento a la obligación de garantizar derechos a la ciudadanía, indígena o no. Respecto de los derechos de los pueblos indígenas no se conoce intención alguna de tomarlos en serio y plantearse su cumplimiento, para ello habría que dar reversa a los ejes de la llamada Cuarta Transformación.

El gobierno federal en el momento del triunfo de Oxchuc, a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) se hizo presente, con todo y traje tseltal, para reconocer un resultado que no les costó esfuerzo ni lucha alguna. Ahora ante este asedio violento y desconocimiento a su derecho, no se ha difundido desde el pasado 15 de diciembre y meses posteriores ninguna mínima ­declaración.

Duro reconocer la profunda verdad llena de sabiduría de un joven tseltal que me dijo: “Toda ley sólo está plasmada en hojas y nunca se lleva a cabo como se debe”.