Integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro) reprocharon que a más de 20 años de la privatización de este sector, aún está pendiente la “justicia social” para los trabajadores afectados.

Luego que durante la semana pasada realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional, y tras lo cual fueron recibidos en una primera reunión por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, ayer cerraron durante la mañana el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Bellas Artes, en protesta por no recibir alguna alternativa a sus demandas.

Pidieron nuevamente ser recibidos en Gobernación por algún funcionario de alto nivel. Eduardo Canales, dirigente de Ferro, explicó que tras la privatización, a más de 80 mil trabajadores se les obligó a firmar finiquitos con la promesa de que serían recontratados, no obstante, sólo 12 mil volvieron a laborar.

Por otra parte, afirmó que hay trabajadores a quienes no les pagaron su jubilación o quienes fueron jubilados con un tope “muy inferior” al que tenían derecho, mismo que fue definido hace más de 20 años, por lo que hoy es insuficiente, no obstante los ajustes anuales que ha tenido.

Canales subrayó que, además, a todos los trabajadores que se jubilaron desde ese momento se les descontó uno por ciento de sus pensiones por parte del Sindicato Nacional encabezado por Víctor Flores, pese a lo cual no se les reconocieron sus derechos como agremiados. “Los jubilados presentaron una demanda penal acusaron a Víctor Flores por el uso de ese dinero que ilegalmente se les descontó”, agregó.

Los recursos de más de dos décadas de descuento de cuotas sindicales representan “decenas de millones de pesos” que “Víctor Flores se los gastó, quien nunca dio informe sobre cómo se gastaron las cuotas”, añadió Canales.

Dicha demanda, detalló, sigue vigente, por lo que darán continuidad al proceso legal que iniciaron los ferrocarrileros jubilados.