Pánico y zozobra. En esas palabras se resume lo que miles de habitantes de San Cristóbal de las Casas vivieron durante horas el pasado 12 de junio, cuando decenas de civiles armados, encapuchados y con chalecos antibalas, dispararon con fusiles Kalashnikov y AR-15, bloquearon con camiones de doble remolque avenidas y calles y pintaron muros, disputando el control del Mercado Norte de la ciudad. Buscaban remover a su eterno administrador, Domingo Pishol, personero de Hugo Pérez, autoproclamado alcalde de Oxchuc.
Con el sonido de las primeras ráfagas, la gente tuvo que guarecerse o tirarse al piso en almacenes, centros escolares, clínicas y negocios, temerosos de que algún proyectil los alcanzara. Los disparos son cosa frecuente en esa parte de la ciudad pero en esta ocasión tuvieron una intensidad inusitada.
La existencia de grupos delincuenciales en Chiapas no es novedosa. Comenzó a crecer a partir de la gubernatura de Juan Sabines (2006-12). Pero en los últimos años, en amplias zonas de la entidad se han intensificado su presencia y sus pleitos por territorios, rutas y mercados. Guatemala es una inmensa bodega al servicio de la industria criminal. Desde allí salen, a través de la porosa frontera chiapaneca, rumbo a Estados Unidos y diversas regiones de México, drogas, armas, piratería, seres humanos, vehículos robados. Controlar la frontera y los caminos es fundamental para trasladar las mercancías. El corredor Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez ha adquirido gran importancia en el trasiego de drogas.
Un par de ejemplos, entre muchos. En julio de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora en vertiginosa expansión en la entidad, ejecutó en Tuxtla Gutiérrez, a El Junior, hijo del líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. La vertiginosa expansión del cártel de Chamula, evidenciada por los permanentes accidentes de vehículos cargados con migrantes centroamericanos y la difusión de sus narcocorridos.
San Cristóbal no es ajena a esta guerra. Al igual que otros puntos turísticos, como Cancún o Acapulco, es un enclave deseado por el crimen organizado. En esa ciudad, impunemente, por lo menos cinco grupos conocidos (hay quien señala que son ocho) como motonetos o motopandilleros, ligados al narcomenudeo, cobran derecho de piso, roban, asesinan y realizan disparos de armas de fuego al aire, sembrando terror e incertidumbre (https://bit.ly/3OaDMs0). Surgieron como grupo de choque durante la administración de Marco Antonio Cancino González (2015-18), del PVEM. Su hermano Sergio Natarén los controlaba. La batalla por el control del Mercado Norte del pasado 12 de junio forma parte de esta trama en la entidad y en la urbe coleta.
Figura clave en este pleito es Martín Pale Santiz, alias El Gemelo, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), con estrechas relaciones con el gobierno estatal, un tiempo detenido por extorsión y luego liberado. Sus gentes son capaces de estrangular San Cristóbal, bloqueando los accesos carreteros, mientras se enfrentan a otros grupos con armas de fuego y palos. También, de desalojar y golpear a familias de Santa Catarina, integradas al Frente Campesino Popular de Chiapas, para despojarlas de cinco hectáreas (https://bit.ly/3n3Fmjm). Con el apoyo de Gerónimo Ruiz Sántiz, el Moshán, cobran unos 800 mil pesos semanales a unos mil 200 vendedores ambulantes (a los que controlan) de la Plaza de la Paz, Andadores, Santo Domingo y Centro Histórico.
En el operativo, fue asesinada una persona: Xalik. Se informó que había sido “alcanzada” por una bala perdida. Defensoras civiles de San Cristóbal señalan que el difunto era un joven tsotsil que abiertamente se oponía al reclutamiento de niños para formar grupos armados en Chamula. “Este hombre era muy joven y se había separado de su clan linaje, haciendo distancia de esas dinámicas que ahora impregnan a muchas familias chamulas. Pero no solo eso. Se dedicaba justamente a organizar a los niños de la calle y especialmente a los que andan en el mercado de esa zona.” Una muerte muy conveniente para algunos.
La toma parcial de la ciudad es tan sólo un incidente más en una interminable cadena de violencias que sacuden el estado. El pasado 8 de junio, a 30 kilómetros de San Cristóbal, el alcalde de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, fue asesinado en una camioneta afuera de su domicilio.
La lista de agresiones es interminable. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) sólo durante marzo de este año, se registraron 437 ataques con armas de fuego de los narcoparamilitares de Santa Martha, Chenalhó, contra la comunidad de Aldama (https://bit.ly/3n0TVEt).
De la misma manera, se han intensificado las arremetidas contra familias bases de apoyo zapatistas en la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio, que ponen en riesgo su vida, seguridad e integridad (https://bit.ly/39FbA1s).
En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas y otros organismos hicieron un pronunciamiento conjunto ante el imparable aumento de violencia en Chiapas, en el que expresan su “preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio”.
Manifiestan también su “preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio”.
Denuncian que, el pasado 29 de mayo, fueron privados arbitrariamente de su libertad, Manuel Santiz Cruz, indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas (https://bit.ly/39D6G53).
Miedo e incertidumbre. En Chiapas, la violencia, lejos de cesar, crece y se intensifica. Que nadie se llame a “sorpresa cuando suceda lo que va a suceder”.
Twitter: @lhan55
