Fráncfort. El padre y el hermano de Julian Assange pidieron ayer al gobierno alemán intervenir ante el presidente estadunidense, Joe Biden, para que se retiren los cargos contra el fundador de Wikileaks.
“Alemania debería expresar su preocupación” en este asunto, consideró Gabriel Shipton, hermano de Assange, en conferencia de prensa en Berlín.
El gobierno británico anunció el viernes que firmó la orden de extradición de Assange a Estados Unidos, donde enfrenta una acusación de espionaje y podría ser condenado a 175 años de cárcel si es declarado culpable de la publicación (a partir de 2010) en Wikileaks de unos 700 mil documentos militares y diplomáticos estadunidenses secretos, sobre todo de Irak y Afganistán.
Su familia y partidarios dicen que Assange siempre ha sido un periodista y un defensor de la libertad de prensa y de la libertad de expresión.
Su padre, John Shipton, y su hermano piden ahora a Alemania que utilice su influencia en la Organización del Tratado de Atlántico Norte y que defienda el caso en la reunión del Grupo de los Siete que se celebrará en Baviera a finales de mes.
Assange lleva tres años recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres.
Antes pasó siete años en la embajada de Ecuador en la capital británica, donde se refugió en 2012. También fue objeto de acusaciones de violación en Suecia, que ya han sido archivadas.
Premier de Australia recurrirá a la diplomacia
En tanto, el premier de Australia, Anthony Albanese, afirmó que actuará por la vía “diplomática” ante las acusaciones contra Assange y confirmó declaraciones anteriores en las que cuestionaba el objetivo de esta acción legal.
En los últimos días ha aumentado la presión interna sobre él para intervenir en el caso.
La mujer de Assange, Stella, declaró el lunes a la radio ABC que está al tanto de que el gobierno de Albanese está tratando el caso con la administración del presidente estadunidense, Joe Biden, y calificó la noticia de “bienvenida”.
Mientras, el gobierno de China señaló que lo ocurrido con Assange refleja la hipocresía del llamado “mantenimiento de la libertad de prensa” de Washington y Reino Unido, luego de que el gobierno británico aprobó el pasado viernes su extradición a Estados Unidos.