Tijuana, BC., La Salvia Apiana y la Yuca schidgera, dos especies de flora endémica del estado que los pueblos nativos de Baja California usan desde hace siglos en su alimentación y rituales, son sobrexplotadas y vendidas en plataformas digitales de China, Estados Unidos y América Latina, en la espiral de consumo social que busca plantas curativas, pero también responde a una “moda”, denunció el jefe de la tribu kiliwa, Elías Espinoza.

Los habitantes de estas comunidades reportaron que han observado camiones cargados de estas plantas, las cuales fueron retiradas de manera furtiva por personas armadas, durante el periodo en que la salvia y la yuca se encuentran en proceso de reproducción y crecimiento (entre marzo y junio), aunque los robos se cometen todo el año, dijo.

Además, debido a estas incursiones y la falta de atención de las autoridades, pobladores han resultado heridos al defender su planta curativa y espiritual. El jefe de la tribu expuso ante las autoridades del estado que han tenido que crear su propia autodefensa. “Nosotros tenemos gente que vigila, pero no es suficiente porque los que andan por ahí armados, vienen dispuestos a llevarse lo que ellos quieren”.

La ruta de las plantas

La ruta de los kilos de yuca y la salvia blanca (como también se le conoce) robados a las comunidades originarias llega a mercados diversos; por un lado, la salvia ha sido adoptada por los practicantes de yoga y la meditación, apropiándose del aspecto espiritual; mientras la yuca atiende a un comercio más especializado por sus propiedades farmacológicas, para productos que van desde refrescos, hasta medicamentos.

Rose Walker, quien en colaboración con la sociedad de plantas nativas de California realizó el documental Saging the world, enfocado en el conflicto por la salvia en la frontera entre México y Estados Unidos, explicó que “es común ver estudios de yoga y tiendas que queman la salvia, pensando que pueden darle el mismo uso que los pueblos originarios”.

La venta por Internet de la salvia es donde más se hace notar la sobrexplotación de este recurso. Los principales sitios de venta son Alibaba, en China; Amazon, en Estados Unidos, y Mercado Libre en América Latina.

Las plataformas muestran, cada una, miles de resultados cuando se busca en los navegadores “salvia blanca” o white sage, con productos que van desde manojos hasta aceites esenciales.

Sus precios varían dependiendo de la cantidad que se compre; por ejemplo, un ramo cuesta en promedio 80 pesos, pero puede adquirirse en 30 o 20 pesos si se compra al mayoreo en cantidades que superen el kilogramo.

También hay un aspecto de moda en el uso de la salvia. En Baja California es común encontrar establecimientos, como bares, que hacen uso de este subarbusto como un decorativo o ingrediente en platillos y bebidas. Pues en algunos casos se emplea en la elaboración de coctelería, donde prenden una varita de la planta antes de que se entregue el licor para que expulse su aroma.

El mercado de la yuca es más especializado. Aunque carece del sentido espiritual de la salvia, tiene usos cotidianos como la producción de aguas frescas, hasta la utilización de su interior como herramienta de limpieza.

En el mercado negro es adquirida principalmente por la industria, que requiere de los químicos en su interior para diversos procesos de laboratorio.

Elías Espinoza, quien también es comisionado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el estado, menciona que su explotación ha aumentado en estos años, pues la industria “la emplean para anticonceptivos, fertilizantes de riego de goteo y en talleres para lavarse las manos”.

Asimismo, para la industria ganadera es importante, pues es una fuente de saponinas esteroides, químico que ayuda a incrementar el peso y la productividad del ganado.

La problemática ha sido expuesta en múltiples ocasiones a autoridades de los tres niveles de gobierno, pero no han sabido dar respuesta, en muchos casos porque las municipales y estatales se dicen incompetentes en el tema de explotación de recursos, pues es un tema de medioambiente, el cual es monopolio del gobierno federal.

Mientras, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), les destinan pocos recursos en Baja California, por lo que el año pasado, esta última cerró sus oficinas en Ensenada y Tijuana, porque se les recortó el presupuesto.

Durante una reunión del INPI con la Fiscalía General del Estado para firmar un convenio que permita contratar a traductores de diversas lenguas indígenas, el líder comunitario Elías Espinoza aseveró ante su titular, Ricardo Iván Carpio Sánchez, que “sí tenemos narcotráfico en las comunidades, pero hay muchos que mejor se han pasado a esto (robar plantas nativas), pues es menos riesgoso, y dos toneladas de yuca las puedes vender por 15 o 20 mil dólares” en el mercado negro.

Autoridades desestiman quejas de pueblos nativos

En la conferencia de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 15 de junio, se cuestionó a Mónica Vega Aguirre, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la entidad sobre las denuncias de este tema, pero respondió que “en estos momentos en nuestros archivos no existe una sola denuncia”.

Además, desestimó las quejas de los pueblos nativos, dijo: “la realidad es que mucha gente cree que por publicar en redes sociales un caso, nosotros podemos intervenir; necesitaríamos una denuncia con ubicación exacta para coordinarnos, ya sea con la fiscalía, la Semarnat o con la Profepa”.

Por su parte, Miriam Elizabeth Cano Núñez, titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (Sisig) ha dado seguimiento al problema en reuniones que se realizan entre representantes de las comunidades para la construcción del “Plan de justicia yumano”, que busca dar solución a las necesidades que llevan décadas sin resolver, las cuales han empujado a algunos pobladores a entrar al mercado furtivo de las plantas, ya que las opciones de trabajo son escasas, debido a lo alejado de los centros urbanos y la falta de servicios básicos.

Durante la reunión del pasado 28 de mayo, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez estuvo presente, acompañado por tres diputadas locales y representantes del gobierno municipal de Ensenada, como parte de las gestiones de la Sisig para apresurar el proceso de creación del plan de justicia y entregarlo a las autoridades federales lo más pronto posible.

A nivel estado también se espera que la creación de una procuraduría de protección al ambiente pueda ayudar a darle seguimiento a las quejas de los pueblos nativos, así como a otros de índole medioambiental; sin embargo, su creación deberá esperar un año más, por cuestiones de presupuesto.

En tanto, las comunidades indígenas del estado piden a la población ser más cuidadosas de su consumo, asegurándose que cuando se compran estas plantas o sus derivados, se aseguren de que vienen de proveedores confiables o miembros de estos pueblos.