Cuando la actual administración federal inició labores, prometió cumplir las promesas que hizo durante la campaña electoral. Una de ellas, terminar con la injusta distribución del agua, remediar la contaminación de las cuencas hidrográficas y detener la sobrexplotación de los acuíferos. Al contrario, realimentarlos con el agua de lluvia y que ésta sirviera para llenar los vasos de las presas. Así la mayor parte de la que traen los huracanes no se iría al mar. Los diagnósticos de las instancias oficiales y los especialistas de universidades y centros de investigación, mostraban la crítica situación en torno al agua por falta de políticas públicas que garanticen su uso racional y sostenible.

Es claro que el gobierno federal, de la mano de las instancias estatales, municipales y la corrupción, durante décadas entregaron el vital elemento a grupos privilegiados en el agro, la industria y la clase más influyente de las ciudades. Todo en perjuicio de millones de hogares que no reciben agua suficiente para sus necesidades básicas. Tampoco los campesinos pobres.

Ahora la crisis que se vive en Nuevo León y en su capital, Monterrey, demuestra que en este sexenio los problemas no se han resuelto. Se agravaron. Esa crisis y sus orígenes ocurren en la entidad y la ciudad que nos han presentado como ejemplares en crecimiento económico, calidad de vida y desarrollo social. Abraham Nuncio en estas páginas nos ha ilustrado cómo es lo contrario: un grupo poderoso que domina la política, la economía y la cultura impone su ley.

Las recientes revelaciones de quien gobierna Nuevo León vía las redes sociales, muestran la dimensión de la desigualdad que impera en la distribución y utilización del agua en esa entidad. Más de 300 tomas clandestinas que benefician a ex funcionarios, políticos, un dueño de restaurante “famoso”, un “perpetuo delincuente”, agricultores destacados. Hasta el rastro de Monterrey tenía tres pozos ilegales.

El mandatario no cita nombres de los violadores de la ley para, dice, no entorpecer las investigaciones en curso. Pero evade tocar el punto neurálgico: el acaparamiento de agua por poderosos intereses económicos y políticos. En el colmo, en vez de aplicar la ley les pide ayuda para resolver el problema. Y, de nuevo, resucita el multimillonario y añejo proyecto de traer agua de cuencas lejanas. Como la del río Pánuco.

No hay que mirar al norte para darnos cuenta de cómo andan mal las cosas en relación con el agua. Un ejemplo se tiene en Valle de Bravo, estado de México, donde desde hace décadas los “desarrolladores” inmobiliarios destruyen áreas arboladas y acaparan el líquido. Los bosques de ese municipio y áreas vecinas son las fábricas naturales de agua que abastecen al sistema Cutzamala, de donde proviene 37 por ciento de la que alimenta la Ciudad de México.

El más reciente caso es el negocio inmobiliario y hotelero Stuppa Ranch Residencial y Stuppa Ranch Hotel. Un proyecto irregular en la zona conocida como El Capulín, ubicado en un área natural protegida desde 1941, y desde 2002 parte del Santuario del Agua de Valle de Bravo. En su primera etapa, el citado negocio ocupa 14 hectáreas en las que se construyen 11 villas residenciales, albercas, caballerizas, spa, restaurante, gimnasio, capilla y un salón de usos múltiples. Además, una presa para retener el agua de fuentes hídricas de la zona. Para lograr lo anterior talaron más de mil árboles y para el paso de maquinaria y las labores de construcción, trazaron veredas y caminos en medio del bosque.

Desde el año pasado habitantes de Valle de Bravo y organizaciones ambientales presentaron denuncias ante las autoridades federales y de la vecina entidad. Exigieron clausurar tan ilegal obra. No les hicieron caso. El asunto lo expusieron en la mañanera del 20 de abril. El mandatario dijo no estar enterado y remitió el caso a las instancias correspondientes. Éstas despertaron de su sueño cómplice y clausuraron las obras. Simbólicamente, pues los trabajos continúan allí. Según ciudadanos de Valle de Bravo y grupos ambientalistas, ello se debe a que el presunto impulsor del proyecto es Pedro Padilla. Él es vicepresidente del Grupo Salinas y presidente del Grupo Elektra, pertenecientes a la tercera fortuna más grande del país.