La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un proyecto que propone amparar a los familiares de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), víctimas de desaparición forzada, con el fin de que se cree una comisión especial para encontrarlos, se permita el acceso a instalaciones militares para buscarlos y se tomen medidas de reparación integral del daño que sufrieron.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en el centro de la ciudad de Oaxaca el 24 de mayo de 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Dirección General de Seguridad Pública, así como de la Policía Ministerial y municipal y fueron trasladados en un principio a la sede de la procuraduría estatal, para luego ser llevados al Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y desde entonces se desconoce su paradero.
Aunque sus familias denunciaron los hechos y aportaron elementos para investigar a los militares y a las autoridades estatales, luego de seis años no había avance alguno, por lo cual promovieron un amparo exigiendo que se lleven a cabo todas las diligencias necesarias para localizar a los desaparecidos.
Amparo apelado
En 2019, el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal les otorgó la protección de la justicia federal, ordenando que se citara a declarar a todos los militares que estaban en funciones el día de los hechos, que se creara la comisión especial para investigar el caso y se permitiera el acceso de familiares y agentes encargados del caso a las instalaciones de la Sedena, con el fin de cumplir las diligencias necesarias.
Tanto la Sedena como la Fiscalía General de la República apelaron este amparo, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación apoyando el fallo.
Fue así como el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la ministra Margarita Ríos Farjat presentó un proyecto de resolución en el cual se propone ratificar el amparo en mención.
“Ante casos de violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición forzada de personas, los órganos jurisdiccionales de amparo tienen facultades para imponer medidas de reparación integral, a fin de restituir a las personas desaparecidas y a sus familiares, en el pleno goce de sus derechos”, señala el proyecto de Ríos.
A principios del mes pasado, entrevistado durante una manifestación ante el máximo tribunal de la nación, el abogado de los familiares de las víctimas, Sandino Rivero, afirmó que más allá de este caso, los ministros tienen la oportunidad de sentar con su fallo un precedente sobre cómo deben proceder todos los jueces en casos de desaparición forzada.
