Los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática arrastran adeudos bancarios derivados de los reveses electorales que han sufrido en los últimos años. En el caso del tricolor, destaca un crédito con Banca Afirme por 207.4 millones de pesos –adquirido en 2021–, en tanto que el sol azteca recurrió hace unos meses a un endeudamiento bancario por 50 millones de pesos y a la enajenación de bienes para hacerse de más recursos ante la merma en su financiamiento público.

Tras la debacle electoral que sufrió a principios de este mes en seis estados, el PRD dejará de recibir prerrogativas locales en 18 entidades. Es decir, en más de la mitad del país no tiene registro por no alcanzar 3 por ciento de los votos en comicios estatales.

Como parte de la alianza Va por México, el PAN fue el único de los tres partidos que la integran en negarse a responder a una solicitud de transparencia sobre ese tipo de adeudos. Con base en las leyes federal y general de transparencia, argumentó que “no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”.

El PRI, cuya situación financiera se vio seriamente comprometida desde 2006, cuando tuvo que pagar una multa de mil millones de pesos por el Pemexgate –transferencia de 500 millones de pesos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, por conducto del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de la cual La Jornada informó en enero de 2002–, también informó sobre un adeudo de impuestos que tan sólo en enero asciende a alrededor de 2.8 millones de pesos.

No obstante, la peor crisis económica la vive el PRD. A febrero de este año, los adeudos del partido por laudos laborales sumaron casi 6.3 millones de pesos y por procedimientos de carácter mercantil, poco más de 8.6 millones de pesos.

En abril pasado, el consejo nacional del sol azteca, en sesión extraordinaria, aprobó solicitar un crédito bancario por 50 millones de pesos para “contar con solvencia económica”, al reconocer “una merma” en su financiamiento público. Admitió que para precampañas, campañas y actividades ordinarias requería “conseguir recursos privados a través de los medios permitidos por la normatividad en materia de fiscalización”.

Durante ese encuentro, los perredistas también otorgaron a la dirección nacional ejecutiva la facultad para “desincorporar, enajenar bienes inmuebles” del partido que resulten “demasiado grandes” para la actividad partidista, o se encuentren desocupados, y que, en el último caso, “sólo generan egresos derivados del pago de derechos, contribuciones e impuestos”. Los consejeros avalaron enajenar dos inmuebles en la Ciudad de México, dos en el estado de México, tres en Sinaloa y uno en Tlaxcala.

En ese resolutivo aceptaron que de las 32 entidades federativas, “en 15 estados (Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Campeche, Nuevo Léon, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas), el PRD no recibe financiamiento público local para actividades ordinarias permanentes”. A esa lista se suman este mes, por pérdida de registro, Hidalgo y Quintana Roo.