En medio de críticas por la reforma a la Ley General de Salud (LGS) en materia de salud mental y adicciones, Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los Servicios de Atención Siquiátrica de la Secretaría de Salud (Ssa), defiende que en el país se deje de construir nosocomios siquiátricos y se transformen “en lo que siempre debieron ser: unidades de cuidados especializados, donde haya capacitación e investigación”, lo que ahora no ocurre debido a su saturación.

“Pronto veremos nacer la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es la fusión de las tres instancias reguladoras de la prevención, promoción y atención de la salud mental y las adicciones del país: la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Servicios de Atención Siquiátrica y el Consejo Nacional de Salud Mental”.

Enfatiza que, siguiendo el modelo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se promoverá el tratamiento de los trastornos mentales desde el primer nivel, se cerrará la brecha de atención y se combatirá el estigma contra estos padecimientos.

Subraya que el Congreso aprobó reformas a 18 artículos de la LGS, que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de mayo, para garantizar que la salud mental y la prevención de adicciones sean prioritarios dentro de la política de salud y asegurar la atención comunitaria integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial y con perspectiva de género.

Resolver en la comunidad

Los trastornos mentales, afirma, deben ser identificados y tratados desde el primer nivel de atención y en hospitales generales, e incluso pediátricos.

Desde hace tres décadas, explica, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pugnan por que se restructure el modelo de atención siquiátrica. “Hay consenso mundial de que la salud mental debe resolverse en la comunidad y no reforzando los hospitales siquiátricos y la atención en el tercer nivel”.

Asegura que la reforma busca eliminar el modelo siquiátrico de asilo, por lo que “no se deberán construir más hospitales especializados”, lo que no implica cerrar los 33 que hoy existen.

La reforma señala que los actuales nosocomios siquiátricos deberán progresivamente convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.

Explica que a pesar de que las críticas se han centrado en la idea errónea del cierre de sanatorios siquiátricos, “esto no es así. Estamos enfrentando la resistencia desde la misma siquiatría. Es desde el gremio, con colegas que tienen una postura más de ultraderecha.

Visión conservadora

“Los que crecieron y se formaron con el hospital siquiátrico de alguna manera no entienden cómo ejercer y expresar la salud mental de otra forma. Ahí han trabajado toda su vida. Se tergiversó el anuncio. Nada se va a cerrar ni vamos a dejar a nadie en la calle. Es esta visión de que los locos se ven feos, no queremos verlos. Incluso han asegurado que con esta reforma vamos a tener más enfermos e indigentes en las calles, lo que es una visión completamente equivocada, conservadora y de derecha”.

En México, un millón 590 mil 583 personas reconocen tener algún problema o condición mental, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. Sin embargo, se estima que de cada 10 pacientes, sólo dos son diagnosticados y pasan entre cuatro y 14 años para recibir algún tipo de tratamiento. Estas cifras podrían incrementarse de forma sustancial por la pandemia de covid-19, explican expertos.

En México hay 4 mil 500 siquiatras para más de 126 millones de habitantes, es decir, “hay dos especialistas por cada 100 mil habitantes, cuando tendría que haber entre cinco y ocho médicos”, reconoce Quijada Gaytán, tras destacar que de los “pocos recursos que llegan a salud mental (2 por ciento de los fondos destinados a salud), 80 por ciento va al modelo asilar, cuya base son los hospitales siquiátricos”.

El nuevo modelo de atención, explica el funcionario federal, “no lo hicimos solos, participaron especialistas y organizaciones de la sociedad civil, como Disability Rights International, con sede en Washington, Estados Unidos; Documenta, y Red Orgullo Loco, entre otros”.

La activista Ilse Gutiérrez, diagnosticada con trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar e integrante de la Red Orgullo Loco, explica que la reforma fue un trabajo de más de dos años en el que participaron organizaciones civiles, legisladores y expertos.

“La consideramos un logro. Está conforme al marco internacional de derechos humanos, es algo trascendental. Somos pioneros. Nos sumamos porque ya estábamos hartos de tantos abusos y violaciones a nuestros derechos”, señala.

Quijada Gaytán destaca que el nuevo modelo de atención promueve la dignidad y las garantías individuales de los pacientes, quienes tendrán derecho a no ser sometidos a medidas de aislamiento o contención coercitiva que impliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La OMS define la salud mental como estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y puede hacer frente al estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y contribuye a su comunidad.

Sin embargo, es una de las áreas más desatendidas de la salud pública, pues en países de ingresos bajos y medios se estima que más de 75 por ciento de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias no reciben ningún tratamiento.

Revertir este diagnóstico en México, reconoce el especialista, “es nuestro desafío. Queremos garantizar el bienestar del paciente, pero también lograr que en las 135 escuelas de medicina del país se reformen los planes de estudio y se sume el componente de salud mental y adicciones. Buscamos que los egresados del sector salud, incluido trabajo social, tengan un perfil para abordar los trastornos mentales desde el primer nivel de atención”.