Genaro García Luna aún tiene pendientes tres órdenes de aprehensión en México, además de que continúan abiertas varias investigaciones en su contra, por lo que se espera el cumplimiento de solicitudes de asistencia jurídica internacional, para que autoridades de Estados Unidores aporten cualquier dato que puedan tener sobre estos casos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Luego de que se reveló que autoridades de Nueva York cuentan con audios donde el ex secretario de Seguridad Pública acepta que intimidó, hostigó y sobornó a periodistas mexicanos, además de amenazar a testigos que declararon en su contra, la FGR informó sobre los casos que aún tiene abiertos en el país.
En primer lugar, existen los cargos por uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, delitos que habría cometido al conspirar, junto con otros ex funcionarios y empresarios, con el fin de manipular las concesiones para construir y operar ocho cárceles federales.
Los contratos incluían los penales edificados durante el sexenio de Felipe Calderón en Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos, con una inversión de 270 mil millones de pesos, por lo que se habría cobrado un sobreprecio de 62 mil 840 millones.
La segunda orden de captura se libró en noviembre de 2020, por enriquecimiento ilícito, luego de que se comprobó que sus propiedades y depósitos bancarios no correspondían a sus ingresos como funcionario.
García Luna ingresó al gobierno desde 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; 10 años después participó en la fundación de la Policía Federal Preventiva, de la que luego fue coordinador de Inteligencia, en la administración de Vicente Fox. Después se le nombró director de la Agencia Federal de Inteligencia y en 2006 Calderón lo hizo titular de Seguridad Pública.
Al revisar sus propiedades, autoridades federales encontraron que tenía cuentas bancarias y bienes por más de 27 millones de pesos, que no correspondían con sus ingresos como servidor público.
El último proceso legal que debe enfrentar ante la justicia mexicana es por el caso Rápido y furioso, por el que se permitió la entrada ilegal al país de más de 2 mil armas de fuego, en un esquema pactado con autoridades estadunidenses, para supuestamente rastrearlas e identificar así a cárteles del crimen organizado. Muchas de estas armas fueron utilizadas en asesinatos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mexicana e incluso una fue identificada como la usada para matar a un agente de la Patrulla Fronteriza.
