Madrid. En la víspera de la junta anual de accionistas de Iberdrola, en la que su presidente corporativo, Ignacio Sánchez Galán, se juega su futuro al frente de la multinacional, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitió una sentencia en la que condena a la empresa energética por un delito de “expropiación ilegal”. La sentencia la obliga a devolver a un vecino de la región de Extremadura un terreno de 525 hectáreas, donde se construyó la mayor planta fotovoltaica de Europa y que tiene una capacidad para producir hasta 500 megavatios hora (MWh). Iberdrola anunció un recurso de la sentencia, alegando que tiene todos los permisos en regla para “seguir produciendo energía”.

Iberdrola afronta uno de los días más delicados de su cúpula directiva con varios frentes judiciales abiertos. Este viernes, en Bilbao, se reunirán los accionistas para aprobar los resultados del año en curso y la continuidad de la cúpula directiva, sobre todo de su presidente, el polémico y cada vez más cuestionado Sánchez Galán. El empresario español, consciente de los numerosos problemas judiciales y políticos que enfrenta su gestión, entre ellos la disputa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México, lleva maniobrando varias semanas, incluso meses, para hacer de la junta de accionistas algo parecido a un paseo militar.

Su primer movimiento fue reunirse y seducir durante su visita a España al emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, quien además de poseer una de las fortunas más voluminosas del orbe, también es el máximo responsable del fondo estatal Qatar Investment Authority, que es a su vez el mayor accionista de Iberdrola, con 8.7 por ciento del capital. En la lista siguen otros fondos buitres, como el estadunidense BlackRock, con 5.25 por ciento, y el noruego Norges Bank, con 3 por ciento, a los que Sánchez Galán también ha convencido de las “bondades” de su continuidad en el cargo.

Sánchez Galán logró así el apoyo explícito del mandatario qatarí, lo que le permitió maniobrar con el resto de accionistas mayoritarios para mantenerse al frente de la multinacional, y también logró el importante respaldo político de los principales dirigentes del nacionalismo vasco conservador, PNV, que además de gobernar el País Vasco son un apoyo crucial para el gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Sin embargo, Sánchez Galán no tenía previsto que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitiría la sentencia de un largo litigio que afecta a la macroplanta fotovoltaica llamada Núñez de Balboa, situada en la provincia de Badajoz, y que afectaría al total del terreno donde se construyó la planta.

El origen del conflicto judicial fue cuando Iberdrola, en su afán por controlar todo lo relacionado con su planta, alegó que los terrenos deberían expropiarse bajo el argumento de que eran “propiedad pública”, cuando en realidad la explotación correspondía a Iberdrola.

El gobierno autonómico de Extremadura autorizó la expropiación y así inició el diferendo. Que el tribunal resolvió con una sentencia nítida: “Debemos reconocer el derecho a la devolución in natura, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones”. Ya que, “carece de fundamento pedir la expropiación de unas fincas que meses antes aseguró su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años”.