Integrantes de diversos pueblos originarios anunciaron que buscarán eliminar la figura de la prisión preventiva, por considerar que ha facilitado la comisión de abusos graves, al tiempo que señalaron que continuarán movilizándose para obtener la libertad de siete personas que habrían sido acusadas injustamente de asesinato.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad indicó que el caso de los indígenas nahuas Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, detenidos en 2006 de manera ilegal y arbitraria por policías federales en Veracruz, representa una oportunidad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pida a México que cumpla sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y se elimine la figura del arraigo y la prisión preventiva.

Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Solidaria, subrayó en conferencia de prensa que este episodio “sentaría un importante precedente en lo relacionado con figuras ilegales como el arraigo y la prisión preventiva, y las repercusiones que tienen en el fortalecimiento de la impunidad”.

Por separado, un grupo de mujeres mazatecas que permanecen en plantón desde hace un año en la sede del Consejo de la Judicatura Federal demandaron una vez más la libertad de un grupo de siete habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Los detenidos el 14 de diciembre de 2014 por el asesinato de Manuel Zepeda Lagunas –hermano de la entonces presidenta municipal de Eloxochitlán, Elisa Zepeda, posteriormente diputada local por Morena– son Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Alfredo Bolaños, Isaías Gallardo, Omar Morales Álvarez y Fernando Gavito. A esta lista se sumó posteriormente Francisco Durán.