Del 2000 a la fecha, el gobierno federal ha realizado cinco inspecciones ambientales al banco de materiales explotado por la filial en México de Vulcan Materials, Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Tres de esos expedientes han sido clasificados como reservados por las autoridades federales, de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Uno de ellos forma parte de un juicio y los otros dos de investigaciones en curso.

Según datos de una respuesta a una solicitud de información pública, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental hizo dos revisiones al banco de materiales en 2012, en una de las cuales detectó irregularidades.

La Procuraduría realizó otra inspección en 2017 y dos más en 2022. Los resultados de estas tres últimas están reservados, indica un oficio de la Unidad de Transparencia de la dependencia.

Sobre el primero de los tres expedientes reservados, las autoridades federales argumentan que divulgarlo es un riesgo real “ya que podría vulnerar el normal desarrollo del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha causado estado”.

Para la reserva de los otros dos expedientes se argumentó que su divulgación “representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio a las actividades de verificación, inspección y vigilancia” y al cumplimiento de la ley, de acuerdo con las autoridades federales, pues “la información solicitada se encuentra en etapa de investigación”.