Ciudad de México. Alejandro Moreno Cárdenas convirtió la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un búnker, en el que se atrincheró con su grupo de incondicionales que dominan los dos órganos de dirección, el objetivo fue resistir y contener la exigencia de renuncia de cada uno de los 10 ex dirigentes del tricolor y del coordinador de los senadores de ese instituto, Miguel Ángel Osorio Chong.

“¡No me voy!”, les soltó Alito, ante la mirada de incredulidad de Manlio Fabio Beltrones, Claudia Ruiz Massieu, Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, José Antonio González Fernández, Jorge de la Vega, Pedro Joaquín Coldwell, César Camacho, Carolina Monroy y Osorio Chong.

La reunión se realizó en el Salón Presidentes –donde están colocados los retratos de todos los ex dirigentes–, mientras en Campeche el fiscal general, Renato Sales Heredia, encabezaba un vistoso operativo para medir los terrenos donde se encuentra la mansión que Moreno Cárdenas posee en la exclusiva zona residencial de Lomas del Castillo.

Tras el descolón que les dio Alito, los ex dirigentes salieron por la puerta de atrás del partido. “Cada día lo veo más solo, cada vez sin menos respaldos”, lamentó uno de los ex dirigentes, mientras Moreno Cárdenas se hacía rodear de diputados, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Político Nacional, citado la tarde de este miércoles donde será ratificado por aclamación.

Alito Moreno no se guardó nada para esta semana y por ello desde el 2 de junio –antes de las elecciones– convirtió los documentos priístas en un instrumento a su favor. Aquel día su paisano y amigo Pablo Angulo, presidente del Consejo Político, firmó un documento de siete páginas en el que argumenta la defensa de su jefe, previa a la ratificación de un consejo que domina.

En la reunión de ayer, uno de los ex presidentes le recriminó a Moreno Cárdenas el hecho de haber modificado “tramposamente” los documentos básicos de su partido, para pretender extender su dirigencia hasta el año 2024, para luego hacerse de la candidatura presidencial.

Esa trampa fue expuesta hace días por José Encarnación Alfaro –uno de los primeros críticos por las derrotas del 5 de junio–, al explicar que Alito busca no convocar a la renovación de la dirigencia en 2023, y con ello en automático su Consejo Político Nacional le extendería tres meses más de gestión.

Todos los ex presidentes salieron de la reunión, según explicó uno de ellos, pensando que Alito les había tomado el pelo. Sin embargo todos –se insistió a este diario– están convencidos que al PRI le urge el cambio de dirigencia porque un proyecto personal “está llevando al precipicio” al viejo partidazo.

Todos querían hablar, pero solamente uno pudo soltar una frase reveladora: “con lo que escuchamos hoy pareciera que Alito quiere llevar a nuestro partido al cementerio, lo que no vamos a permitir”.

Al mismo tiempo, en Campeche, a partir de las siete de la mañana y hasta después de las tres y media de la tarde, casi 20 policías ministeriales, midieron los terrenos que Alito habría comprado a 19 centavos el metro y revendido en un valor por encima del comercial.

“No tiene nada que ver con política, sino con criterios técnicos jurídicos, hay acusaciones y delitos y vemos si las acusaciones corresponden con los delitos, si hay indicios suficientes como para que la fiscalía acuse como debe de acusar”, declaró el fiscal.

Explicó que algunos de los predios sí están a nombre de Moreno Cárdenas, pero otros a nombre de familiares, conocidos, amigos y su hermano.

Asimismo, el juez Gabriel Regis López, titular del juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente para conocer de una solicitud de amparo que el priísta interpuso para tratar de frenar la difusión de audios por parte de la gobernadora Layda Sansores.

Regis López turnó el asunto a un juzgado de Campeche, ya que los sucesos narrados, probablemente se cometieron en esa entidad.