El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que el gobierno federal prepara una denuncia internacional contra la empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV (Calica), filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, debido a la “catástrofe ecológica” que habría generado su actividad extractiva en Quintana Roo, al afectar cenotes y ríos submarinos “con permisos otorgados o sin permiso”. A finales del mes pasado, el mandatario anticipó que su administración acudiría a tribunales nacionales e internacionales si Vulcan se empeñaba en seguir operando la cantera y desoía las propuestas para convertirla en un espacio turístico con cuidado del ambiente.

El anuncio del Presidente suscitó la adhesión de grupos ambientalistas de Quintana Roo, los cuales recuerdan que “siempre han denunciado los daños causados por esa empresa a la riqueza cultural y en biodiversidad de la región, pero nunca fueron escuchados”. La presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez Rodríguez, sostuvo que Vulcan ha provocado perjuicios “a la nación, a la biodiversidad, a los cenotes, ríos subterráneos” y hasta de carácter antropológico, pues se presume que habría destruido sitios de importancia histórica sin que nadie se percatase.

La activista recordó que a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, trabajadores de la concesionaria alertaron que la compañía estaba por derrumbar una zona de ruinas arqueológicas y se generó suficiente presión social para que interviniera el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual descubrió que el sitio poseía una inmensa riqueza cultural.

La planta de extracción de grava y otros minerales manejada por Calica en el municipio de Solidaridad fue clausurada el jueves 5 de mayo, después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección, durante la cual “se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.

Las autoridades federales ya habían realizado inspecciones ambientales previas al banco de materiales, y se sabe que en al menos una de ellas (efectuada en 2012) se detectaron irregularidades. Sin embargo, los expedientes con los hallazgos de las tres supervisiones más recientes (una en 2017 y dos de este año) han sido reservados por la Profepa bajo la consideración de que se trata de investigaciones en curso o de que divulgar los datos podría “vulnerar el normal desarrollo del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio”.

No pueden soslayarse las grandes dificultades que enfrentará la eventual batalla en tribunales internacionales para demostrar lo que las autoridades mexicanas consideran devastación ecológica perpetrada por Vulcan y su filial. Por una parte, es sabido que las instancias de arbitraje internacional tienen un sesgo favorable a las grandes compañías globales y contrario a los intereses sociales; por otra, en este caso ha quedado patente el decidido apoyo del Ejecutivo y el Legislativo estadunidenses a la empresa en cuestión, el cual se ha reflejado en un intenso cabildeo para disuadir a México de tomar las medidas pertinentes para la protección del ecosistema y de su soberanía.

Ante la lucha jurídica por venir, parece deseable que se pongan a disposición del público los expedientes de las últimas tres inspecciones realizadas a la planta de Calica, de tal modo que los ciudadanos puedan formarse un punto de vista informado y posicionarse en torno a un tema de indudable trascendencia, llamado a repercutir en otros casos en que se cuestiona la pertinencia ambiental de operaciones mineras.