Las reformas propuestas a la Ley General de Salud, aprobadas en marzo pasado y que, entre otras cosas, eliminan el modelo de aislamiento para pacientes siquiátricos y establece la figura de consentimiento informado en la atención médica y mental, “están formuladas bajo una perspectiva de progresividad en el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Luego de que algunas organizaciones manifestaron opiniones encontradas respecto a estas modificaciones, ya que mientras Reinserta, Fundación Reintegra, entre otras, demandaron que la CNDH promueva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de aquellas normas generales que considere “vulneran los derechos humanos”, como el artículo 74, pues -según ellas- la ruta para eliminar el modelo siquiátrico asilar planteado “va en contra de la progresividad en el derecho a la salud”; otras como Documenta A.C. respaldan lo legislado pues “responde a la urgente necesidad de transformar la regulación y el modelo de atención a la salud mental en el país”.

En un pronunciamiento, la CNDH destacó que iniciar el camino hacia la desinstitucionalización, “significa abrir los espacios de atención de la salud mental al escrutinio público y, con ello, reducir el riesgo de que se presenten eventos de tortura o malos tratos hacia las personas con discapacidad intelectual y psicosocial”.

Refirió que en el actual modelo asilar, “se presentan asimetrías de poder que ‘desempodera(n) a las personas usuarias y menoscaba su derecho a tomar decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en el que pueden producirse y se producen violaciones de los derechos humanos. Las leyes que permiten a los profesionales psiquiátricos llevar a cabo tratamientos e internamientos forzosos legitiman ese poder y su uso indebido’”.

En la reforma recientemente aprobada, afirmó, se identifican cambios sustantivos: “desde abandonar conceptos excluyentes y que negaban a las personas con discapacidad psicosocial el derecho a decidir, hasta la proyección de un sistema comunitario de atención, con el cual se involucra en la atención de la salud no sólo a las familias y al Estado, si no a la comunidad”.

Poner límites a los internamientos forzados, refrendar la autonomía y poder de decisión de las personas sobre los tratamientos a recibir, migrar de un modelo asilar a uno de respeto y vigencia de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud, es un primer paso para abandonar esquemas de control excluyentes, expuso.

Resaltó que el legislativo incluye en esta reforma estrategias de educación al personal de salud y proveedores de servicios, como a los formadores de profesionales y a la sociedad en general, tendientes a combatir el estigma y los estereotipos en contra de las personas con discapacidad mental o psicosocial, que es, a largo plazo, la manera de lograr una cultura de inclusión y respeto de los derechos humanos.

“En suma, se considera positivo que la reforma plantee las bases para implementar un modelo que se oriente a combatir los estigmas que existen sobre las personas que requieren de los servicios de salud mental y que contribuya a garantizar el derecho a la vida independiente de las personas, mediante el apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló.

Ante ello, la CNDH aseguró que estará atenta para que se generen las estrategias para que la implementación de la reforma se dé en condiciones de igualdad y bajo la observación permanente de distintos actores sociales, que pongan en el centro en todo momento la protección y garantía de los derechos humanos de las personas, sobre todo de aquellos sectores en desventaja social.