De Tijuana y Ensenada, Baja California; Hermosillo, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de todos los puntos del norte del país llega el clamor de la gente que exige el más elemental de los derechos: el acceso al agua. En Ensenada, los habitantes expresaron la semana pasada: “¡Queremos agua, no pretextos!”, pues en el municipio más extenso de México, 107 colonias sólo reciben el líquido eventualmente, mientras 30 no cuentan con una sola gota. En Monterrey, joya de la corona del mundo empresarial, los vecinos de los barrios populares se encuentran tan desesperados por el desabasto de agua que ayer tomaron un tanque contenedor de la empresa paraestatal encargada de la distribución del recurso y procedieron a llenar todo tipo de recipientes que después transportaron a sus domicilios.
La causa evidente, inmediata, de esta crisis se ubica en la falta de lluvia debida al fenómeno meteorológico denominado La Niña. En Chihuahua, 90 por ciento de sus 24.7 millones de hectáreas se encuentran afectadas por un estiaje de más de dos años que ya afectó a 80 por ciento de los cultivos de temporal (algunos tan indispensables como el maíz y frijol) y originó una pérdida de hasta 30 por ciento de la zona de riego. En Coahuila, las cosas son, si cabe, más graves, con la totalidad de sus 38 municipios afectados por la sequía, tres años sin precipitaciones efectivas (de suficiente volumen para infiltrarse en el suelo y permitir la recarga de los acuíferos), y una falta tal de agua y forraje para el ganado que los animales están demasiado sedientos y desnutridos para producir leche. “Con que no se mueran se conforma uno”, comenta un ejidatario.
Pero hay también una causa más profunda y, ésa sí, bajo control humano: la instauración de una política de concesiones que ha entregado el agua en cantidades ilimitadas a los grandes capitales, sin ningún miramiento por las necesidades humanas. En Nuevo León, donde la escasez ha despertado conciencia sobre la absoluta desigualdad en la provisión del líquido, el sentir social se condensó desde comienzos de año en la consigna “No es sequía, es saqueo”.
Esta asimetría raya en la absoluta insensatez: como informa hoy nuestro diario, mientras miles de regiomontanos reciben el líquido por tandeo, y a veces ni eso, algunos de los casi 20 campos de golf que operan en la metrópoli se riegan con agua potable y cuentan con sus propios pozos para abastecerse. Asimismo, se ha detectado la presencia de tomas clandestinas con toda una infraestructura de tubos y canales ilegales que desvían acueductos que deberían llegar a las represas a fin de usarla en el riego, pero también en ranchos de artistas o desarrollos turísticos. En Sonora también se ha manifestado el descontento ante la manera en que se reparte el bien hídrico, en particular porque, reclaman los pobladores de la capital, a ellos se les promete surtirles mediante una planta desaladora, pero a una trasnacional cervecera instalada en el sur de la entidad se le entrega agua potable sin restricciones.
Estos ejemplos se repiten como muestras de la insostenibilidad de un modelo que privilegia las ganancias de unos pocos sobre los derechos y las vidas de las mayorías, y constituyen un llamado de atención para que las autoridades actúen de acuerdo con sus facultades: si el régimen pluvial está fuera de su alcance, no lo está el legislar para que el agua disponible se use de manera racional, socialmente sensible y, en suma, acorde con los derechos humanos.
