Buenos Aires., La retención del Boeing 747 de la aerolínea Entrasur, de matrícula de Venezuela, que llegó a la terminal aérea de Ezeiza el pasado día 6 con 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, con una carga de autopartes, desató los demonios, que los medios de comunicación de la oposición y las instituciones israelíes, como la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), que representa a los sectores más derechistas de parte de la comunidad judía local, están convirtiendo en una “novela negra”.

El gobierno de Irán denunció que la retención del avión es parte de una “operación de propaganda” contra Teherán por sus políticas nucleares. Said Khatibzadeh, portavoz de la cancillería, aseveró que “hace más de un año que la compañía Mahan Airlines vendió” esa nave a Venezuela, informó Página/12.

Consideró que es una forma de castigo de Occidente luego de que desconectó 27 cámaras de vigilancia sobre sus actividades nucleares en respuesta a una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica que denunció la falta de cooperación de la república islámica. Mientras, Estados Unidos y sus aliados instaron a Irán a poner fin “a la escalada nuclear”.

Aunque la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Federal, Migraciones y Aduana revisaron la carga, y no se encontró nada que no fuera lo declarado, se retuvieron los pasaportes de los tripulantes venezolanos, a quienes ya se los devolvieron, mientras mantienen retenidos los de la tripulación iraní. El avión intentó cargar combustible, pero no se le permitió aterrizar en Uruguay por una supuesta “denuncia” sobre la posibilidad de que había un “grupo terrorista iraní”, a pesar de que se comprobaron identidades y ninguno tiene pedidos de captura.

Nadie fue detenido y los tripulantes fueron alojados en un hotel en la zona del aeropuerto. El juez federal Federico Villena decidió actuar con prudencia liberando a los venezolanos y prohibiendo la salida del país de los cinco iraníes hasta confirmar “que no son militantes o dirigentes de la guardia islámica conocida como Al Quds”.

Y esto porque la DAIA se presentó como querellante, pero el juez no tiene aún acusación fiscal debido a que Cecilia Incardona, del Ministerio Público, no encontró ningún elemento para detener a los cinco iraníes. No figuran en ninguna lista de buscados por Interpol o por la FBI y en el avión no había ni armas ni estupefacientes, ya que su carga eran autopartes de Volkswagen que provenían de Querétaro, México.

Las sospechas crecieron tras el paso de la aeronave por Ciudad del Este, Paraguay, donde vive una comunidad de comerciantes árabes, y donde la CIA y el Mossad israelí sostienen que éstos “colaboran” con la organización libanesa Hezbolá, lo que nunca se ha podido comprobar, como tampoco hay pruebas de que funcionarios de alto nivel o diplomáticos iraníes hayan sido responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en julio de 1994.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que ninguno de los tripulantes estaba requerido por la justicia, pero que uno de ellos, Gholamreza Ghasemi, figuraba como integrante de la Guardia Revolucionaria. Después se comprobó que “se trataba de un homónimo”.

Lo grave es que se tejan una serie de conspiraciones en coincidencia con la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Irán, país con el que firmó importantes acuerdos en diversas áreas. En realidad la “sospecha” sobre los cinco iraníes proviene del hecho de que Uruguay no dejó aterrizar la nave cuando voló hacia Montevideo para cargar combustible. Ahí la empresa Shell tiene prohibido vender combustible a un avión de origen iraní.