Ciudad de México. De acuerdo con un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en México y Centroamérica hay un total de 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil.

Sin detallar las cifras correspondientes para México y para los países de Centroamérica, en el reporte se agrega que de los menores trabajadores, 63 por ciento tiene menos de 15 años.

Del total de la población de entre 5 y 17 años de la región, 7.9 por ciento trabaja en alguna actividad, y el 5.2 por ciento realiza trabajos peligrosos, se indica en el documento “Erradicar el trabajo infantil para 2025 en Centroamérica y México: El desafío de alcanzar la meta 8.7”, emitido por la oficina de la OIT para América Central.

“Si bien hemos visto avances en la región, estamos todavía demasiado lejos de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea llegar al año 2025 sin trabajo infantil. Intensificar la acción es apremiante e inaplazable”, señaló Noortje Denkers, especialista en Migración laboral y derechos fundamentales para la Oficina de la OIT en América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.

Expuso, además, que las respuestas ante estas cifras deben ser inmediatas, intensificadas, con mirada de género, y multisectorial.

En tanto, en otro informe de la OIT elaborado en conjunto con la UNICEF se alertada de “una importante brecha en la cobertura de la protección social, dado que solamente el 26,4 por ciento de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, y el 41,5 por ciento en América Latina y el Caribe, accede a una cobertura efectiva de protección social”.

Frente a ello, el organismo considera que es responsabilidad de los gobiernos desplegar una serie de medidas para promover que la protección social llegue tanto a los hogares donde hay trabajo infantil como a aquellos que son vulnerables a esta problemática.

Para lograrlo pondera la importancia de generar estadísticas y analizar los datos de los hogares y el grado de cumplimiento de sus derechos; contar con registros sobre familias vulnerables; implementar el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, y reconocer la lucha contra el trabajo infantil dentro de las prioridades nacionales, entre otras acciones.