San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), denunció que "cuerpos de seguridad que no están facultados para ejercer tareas de control y verificación migratoria y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)", han detenido en diversas partes del país a migrantes de la caravana que recibieron las llamadas Formas Migratorias Múltiples (FMM) para transitar por el territorio nacional.

"En las detenciones realizadas particularmente en el norte del país, las autoridades argumentan que las FMM no son válidas para garantizar la estancia de las personas en el territorio nacional, respondiendo a políticas de contención de Estados Unidos" agregó.

Señaló que "también hemos recibido reportes de personas expulsadas a Guatemala que requieren de mayor investigación".

En un comunicado firmado también por 80 redes, organizaciones, colectivos y personas, denunció "la violencia institucional ejercida por el INM ante la discrecionalidad y arbitrariedad en los procesos de regularización migratoria, generando tensión entre las personas y desconfianza general, además de la violencia institucional de las diversas fuerzas de seguridad y autoridades migratorias en la detención y no reconocimiento de los documentos entregados por el propio INM".

La agrupación manifestó que "desde el pasado jueves 9 de junio y hasta el sábado 11, el grupo de aproximadamente 5 mil personas que salió en caravana de Tapachula el 6 de junio, se dispersó en los municipios de Huixtla, Escuintla, Mapastepec y Tonalá, ante la falta de respuesta a los trámites de regularización migratoria prometidos por el INM el 7 de junio".

Añadió que "la mayoría de las personas, aún después de haber avanzado por la carretera costera, tuvieron que regresar al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) de Huixtla para que les otorgaran la FMM".

Expresó que "el éxodo, conformado por personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana y familias con niñas, niños y adolescentes, además de personas LGBTIQ+, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, salió de Tapachula ante la falta de vías de regularización y acceso a la solicitud de asilo".

Sostuvo que "los trámites se realizaron de manera discrecional y sin información clara, ni suficiente. Se entregaron FMM, documento que solamente garantiza estancia regular por 30 días y no resuelve de fondo la necesidad y el derecho de las personas a regularización migratoria de mediano y largo plazo, así como tampoco garantiza el acceso a derechos fundamentales".

Según la agrupación, "en el transcurso de estos días, se han congregado más personas en el CAITF de Huixtla para buscar la regularización migratoria tras meses de espera a sus procesos en Tapachula, lo que genera más confusión sobre los procedimientos. Hoy lunes 13 de junio, aún están más de mil personas en el CAITF sin información, ni comunicación clara, por parte del INM sobre los procedimientos".

Además, dijo, "las FMM se otorgaron después de haber expuesto a las personas a diversos riesgos a su integridad y salud física y emocional por las condiciones de precariedad en las que se les obligó a esperar por sus documentos, y de las cuales ni siquiera necesidades básicas como agua se pudieron cubrir".

Advirtió que "desde el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) continuaremos la labor de monitoreo y observación de los procedimientos en las ciudades de la frontera sur de México", al tiempo que exigió a la Secretaría de Gobernación, al INM, a la Guardia Nacional y a la Policía municipal y estatal "respeto a la legalidad de los documentos de estancia regular en el país otorgados por el propio INM y los derechos que dichos documentos garantizan, en particular la no detención".