En el Senado comenzó a trabajarse en la expedición de la Ley General de Aguas, la cual, hace casi una década debió ser aprobada, luego de la reforma constitucional. Están programados foros de discusión. Ante la omisión del Congreso, la Suprema Corte intervino y le dio de plazo el periodo de sesiones que comienza en septiembre para emitir la nueva legislación.

De hecho, al haberse aprobado en febrero de 2012 la reforma al artículo cuarto constitucional –el cual establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible–, se le fijó un plazo de 360 días al Congreso para aprobar la ley reglamentaria.

Sin embargo, pasaron nueve años sin que esa ley general de aguas se haya aprobado. No existe, por tanto, el contexto legal que proteja al líquido y asegure su distribución equitativa en todo el territorio nacional.

En la Cámara de Diputados hubo un intento que no fructificó, y fue hasta enero pasado cuando la Suprema Corte –al resolver una serie de amparos– hizo notar al Congreso que está en falta y lo emplazó a emitir la nueva legislación.

El senador de Morena José Narro comentó que se trata de un asunto pendiente heredado de legislaturas pasadas, y atenderlo a la brevedad es su responsabildad, explicó. Incluso, el tema está en la agenda prioritaria de su bancada, con el fin de aprobarla a partir de septiembre. Recordó que han comenzado foros de discusión y análisis, en los cuales han participado representantes de organismos internacionales, como el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Guillermo Fernández Maldonado Castro se comprometió a coadyuvar técnicamente a la construcción de esa ley.

Estos meses de receso legislativo, comentó, los emplearán para continuar con foros de discusión e incluso mesas de trabajo donde participen especialistas, autoridades y representantes de las 32 entidades, con el fin de llegar a septiembre con un dictamen.