Estamos viviendo una crisis hídrica. La guerra por el agua, le llaman unos, crisis civilizatoria, otros. Lo cierto es que en varios lugares del país hace falta el líquido para el consumo humano y la satisfacción de las necesidades más elementales para una vida digna; lo mismo en el norte que en el sur, aunque las formas en que se manifiestan son distinta en cada región. Mientras en el norte se presenta como escasez y los afectados truenan contra los municipios encargados de brindar el servicio, en el sur las comunidades se las arreglan como pueden y muchas veces se confrontan entre ellas para obtener el líquido. Llama la atención que para atenuar los efectos de esta crisis, los gobiernos estatales o municipales acudan al racionamiento del agua de consumo humano, pero no hagan nada para limitar su uso en actividades lucrativas: las empresas mineras siguen contando con el recurso hídrico suficiente para seguir sus labores; lo mismo sucede con la agricultura de exportación, aunque desde el gobierno se diga que la prioridad es la del tipo doméstico; la industria también sigue recibiendo la cantidad necesaria para funcionar.

Los mercaderes del agua ven en la crisis una oportunidad para aumentar sus negocios al lucrar con las necesidades humanas que ésta provoca, para lo cual propagan la idea de que la escasez se debe fundamentalmente a que, como no se paga, la gente hace un uso irracional del líquido, en consecuencia se debe pagar por éste. Con esa idea los municipios, autoridad encargada por mandato constitucional a otorgar el agua potable, han concesionado a particulares el líquido que la Federación les asigna para que lo distribuyan, convirtiendo un bien público, que debería satisfacer las necesidades de todos, en mercancía a la que sólo puede acceder quien pueda pagar por ella, al precio que el prestador del servicio decida. El más reciente caso es el de Querétaro, pero antes la privatizaron los municipios de Aguascalientes, en el estado del mismo nombre; Cancún y Solidadriad, en Quintana Roo; Saltillo, en Coahuila; Puebla, en la entidad del mismo nombre, así como el puerto de Veracruz, Medellín y Boca del Río, en Veracruz.

Lo peor es que, frente a la crisis, la clase política no considera necesario tomar decisiones que la resuelvan de fondo. Ante las protestas de los ciudadanos por la privatización del agua en Querétaro, el Presidente de la República dijo el 24 de mayo pasado que “no es malo que empresas privadas administren la distribución del agua en las entidades federativas, sino que actúen de manera corrupta y en contubernio con gobernantes locales”. Pero esas políticas sí son malas porque, como ya se dijo, al pasar el servicio a los particulares se despoja al agua de su naturaleza de bien común y se le convierte en mercancía. Lamentablemente no es el único funcionario extraviado en este tema. Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el 9 de mayo pasado aseguró a miembros de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León que no habrá una nueva ley de aguas mientras no haya consenso.

La declaración es importante debido a que lo señaló ante uno de los sectores que más se oponen al cambio en la regulación hídrica, porque la actual les proporciona muchos beneficios y, por lo tanto, no están dispuestos a llegar a consensos para la aprobación de una nueva ley de aguas. Pero no sólo por eso, sino también porque desde hace 10 años se incorporó en la Constitución el derecho humano al agua y se le otorgó un plazo de 360 días al Congreso de la Unión para la aprobación de una Ley General de Aguas en la que se estableciera la manera de hacerlo efectivo a todos los mexicanos. Mal hace el senador de la República alargando la omisión legislativa que el mismo Poder Judicial de la Federación le ha echado en cara al Poder Legislativo en los últimos meses. Pero también porque sí hay consenso sobre cómo legislar en la materia, ya que existe un dictamen elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el año pasado, a solicitud de la Cámara de Diputados.

La crisis hídrica que actualmente padecen diversos sectores sociales no obedece a la escasez, sino al modelo de gestión impuesto desde 1992 en la actual Ley de Aguas Nacionales. Para superarlo se necesita cambiar ese modelo por uno social, que tenga como eje el derecho humano al agua. Para lograrlo está el mencionado dictamen en el que, justo es decirlo, hubo una gran participación social de ciudadanos y organizaciones sociales interesadas en proponer soluciones a la crisis por el agua. Donde falta mucho por hacer es en convencer a la hidrocracia, los señores del poder que se benefician con su acaparamiento, que más les vale cambiar su postura si no quieren que el problema se escale hasta que sea incontrolable y pueda llevarnos a una situación como la de finales del siglo XIX que terminó generando un movimiento armado. De ellos depende en mucho que todavía se puedan generar soluciones pacíficas al problema. Porque, como dice una consigna popular: “¡No es sequía!, ¡es saqueo!”