El presidente quiere dejar un legado: procesos electorales limpios y justos. Habrá que preguntarse si el proceso del pasado 5 de junio está en esa línea; revisemos los datos. Por lo que toca a la participación ciudadana, el resultado fue bajo, claramente menor al de las anteriores elecciones de los seis estados donde se verificaron.
La organización y administración de los procesos fue bastante buena, el INE cumplió bien y actuaron en forma sincronizada y efectiva las instituciones que conforman la mesa de seguridad, aquellas que tienen algún papel en las elecciones (INE, SSPC, GN, Fisel, CNI, SG). Este mecanismo que no se usaba en el antiguo régimen está dando buenos resultados y se crea una mayor consciencia de los riesgos y de las calidades de los eventos.
Las operaciones estratégicas de conteo rápido, encuestas y el PREP funcionaron bien. No hubo evidencias de que la Presidencia de la República, las secretarías de Estado o los gobernadores en funciones intervinieran a favor de sus partidos, salvo una excepción.
Nuestra Fiscalía de delitos electorales federales solamente recibió 30 denuncias. A nivel de los estados, las fiscalías locales, que eran los principales actores en el drama electoral, reportaron centenares de denuncias, pero en su gran mayoría frívolas. En materia de seguridad, hubo saldo blanco por primera vez en 15 años.
Algo que oscurece el proceso, lo mancha y lo tuerce es la politiquería. En las campañas se vale descalificar a los adversarios, pero no sembrar rumores calumniosos, como por ejemplo acusar a algún partido de sus vínculos con el crimen organizado sin ofrecer la menor prueba. También, una conducta viciosa es la de proclamarse vencedores a partir del cierre de las casillas sin esperar un par de horas a que se hagan públicos los resultados de los conteos rápidos. Todavía no se establece la costumbre de reconocer el triunfo de los adversarios aun cuando la ventaja sea clara. Los directivos de los partidos insisten en amenazar con impugnar las elecciones en todos los estados en donde no les favoreció el voto popular.
Después vendrá otro episodio, el diluvio de impugnaciones formales que se presentan ante los tribunales electorales. Algunas de ellas pueden tener fundamento, pero en su mayoría intentan engañar a la opinión pública. El último proceso electoral parece corresponder a la línea del presidente y el proceso del pasado 5 de junio resultó previsible, ruidoso y aburrido.
